La asociación SOSDesaparecidos solicita la creación de una Fiscalía especializada en desapariciones

La Asociación SOSDesaparecidos ha solicitado al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Esta medida busca mejorar la coordinación de los procedimientos de búsqueda, aumentar la eficacia de las investigaciones y brindar un mayor acompañamiento a las familias afectadas. La propuesta ha sido presentada ante los medios de comunicación en el bufete Medina Abogados por Joaquín Amills, presidente de SOSDesaparecidos, y Juan Manuel Medina, abogado de la Asociación.

La petición surge ante el aumento del número de desapariciones en el último año y la falta de respuesta institucional a las iniciativas impulsadas por la Asociación. Según datos del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), en 2024 se registraron 26.345 denuncias por desaparición en España. De ellas, los cuerpos policiales investigaron 16.147 casos, con un 95,5 % de resolución; el 72 % se resolvió en menos de una semana. Sin embargo, a 1 de marzo de 2025, permanecían activas 6.638 investigaciones, lo que refleja la gravedad y persistencia de esta problemática.

En términos generales, el 50,6 % de las desapariciones afectan a personas adultas, y el 49,4 % a menores. Dos de cada tres casos corresponden a varones, y el 91 % de las denuncias han sido clasificadas como ausencias voluntarias. No obstante, 325 personas fueron halladas fallecidas, de las cuales 147 murieron por causas accidentales y 75 por acciones autolíticas.

Las comunidades autónomas con más denuncias fueron Canarias (4.502), Madrid (4.434), Cataluña (3.622) y Andalucía (3.443). A nivel provincial, destacan Madrid (4.434), Las Palmas (3.333), Barcelona (2.547) y Valencia (1.505).

Las cifras esconden una realidad preocupante

Joaquín Amills advierte: “Cuando decimos que se localiza el 95,5 % de los casos, el porcentaje restante implica que, hoy, cada día, dos personas desaparecerán sin que vayamos a encontrarlas”. Y añade: “Es imprescindible investigar por qué más del 60 % de las más de 26.000 denuncias registradas corresponden, en su mayoría, a menores tutelados. Llevamos más de cinco años solicitando la creación de una comisión específica que aborde esta situación y, sin embargo, el Ministerio del Interior aún no ha actuado. Además, hay cerca de 8.000 menores no acompañados en paradero desconocido. Una Fiscalía especializada contribuiría a esclarecer qué hay detrás de cada desaparición”.

Además de la necesidad de abordar el elevado número de desapariciones de menores, SOSDesaparecidos denuncia la falta de respuesta del Centro Nacional de Desaparecidos en relación a su propuesta de crear un Registro Oficial de Ausentes Voluntarios (ROAV), cuya implementación evitaría la movilización innecesaria de recursos públicos y aliviaría la angustia de muchas familias.

“Estas personas acudirían a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para manifestar su voluntad de ausentarse y no ser localizadas. No se activarían protocolos de búsqueda, y las familias, cuando fueran interponer las denuncias, sabrían que esa persona ha elegido marcharse por su propia voluntad y no se encuentra desaparecida. Está en su derecho de hacerlo, como sus allegados lo están de recibir una respuesta. Lamentamos que no hayamos recibido contestación por parte del Centro Nacional de Desaparecidos desde hace cerca de tres años”, afirma Amills. Medina añade: “Su creación también sería positiva para salvaguardar el derecho a la protección de datos, que ahora se ve vulnerado cuando, tras una denuncia, la imagen de esa persona aparece en medios de comunicación, marquesinas, taxis o cajeros automáticos”.

Por qué es necesaria una fiscalía especializada

Las investigaciones de desapariciones implican conocimientos técnicos en criminalística, psicología, gestión de datos, tecnologías de localización y cooperación internacional. Requieren también una coordinación efectiva entre cuerpos policiales, servicios forenses y organismos autonómicos e internacionales. Una fiscalía centralizada permitiría articular todos estos recursos bajo una misma estructura. 

Además, el acompañamiento a las familias es un aspecto fundamental. Las personas que buscan a un ser querido desaparecido atraviesan una situación de enorme incertidumbre, desgaste emocional y desamparo. La existencia de una fiscalía dedicada en exclusiva a las desapariciones permitiría establecer un canal continuo y especializado para el apoyo y la orientación durante todo el proceso investigativo y judicial, contribuyendo a evitar la revictimización y el abandono institucional.

Existen precedentes internacionales que avalan esta propuesta. Perú cuenta con una Unidad de Desaparecidos dentro de la Fiscalía de la Nación, y México con una Unidad Especializada en Desapariciones Forzadas, dependiente de la Fiscalía General de la República. Estos modelos refuerzan la necesidad de implementar en España una estructura similar, con capacidad para actuar también en casos internacionales como la trata de personas, la sustracción parental o las desapariciones en contexto migratorio.

La puesta en marcha de una Fiscalía Especializada en Desapariciones supondría, por lo tanto, un avance sustancial en la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, al mejorar la coordinación entre instituciones, reforzar la eficacia de las investigaciones y garantizar una atención integral que promueva la dignidad y el respaldo institucional.