Sánchez podrá huir del Congreso pero no del Senado: la fuerza del PP en la Cámara le obligará a comparecer una vez al mes
Con su mayoría absoluta, los populares han aprobado una reforma clave del Reglamento que obligará a Pedro Sánchez a comparecer una vez al mes en la Cámara Alta. Tras más de un año esquivando la rendición de cuentas, el presidente no podrá seguir escondiéndose: tendrá que enfrentarse a las preguntas más incómodas en el peor momento de su mandato.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última sesión de control al Gobierno en el Senado a la que acudió, el 12 de marzo de 2024.
Pedro Sánchez ya no podrá seguir escondiéndose del control parlamentario como ha venido haciendo durante más de un año. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, el presidente del Gobierno se verá obligado a comparecer al menos una vez al mes ante la Cámara Alta para someterse a una sesión de control. Una decisión histórica que marca un antes y un después en la rendición de cuentas del Ejecutivo ante los españoles.
Este miércoles, el Pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por el PP, que modifica varios artículos clave, entre ellos el 146. Con esta reforma, se introduce la obligación de que el presidente del Gobierno asista a sesiones de control mensuales salvo que existan razones justificadas debidamente acreditadas. En otras palabras: Sánchez ya no podrá eludir el escrutinio con la excusa de su agenda o con desaires institucionales. Evidentemente, intentará encontrar la forma de librarse, pero al menos ya queda establecido en el Reglamento como una obligación.
15 meses de silencio presidencial
La iniciativa del Partido Popular llega tras más de 15 meses de ausencia de Pedro Sánchez en el Senado. Desde el 12 de marzo de 2024 (fecha de su única comparecencia en esta legislatura), el jefe del Ejecutivo ha ignorado de forma sistemática su obligación moral y democrática de responder ante la Cámara de representación territorial. Todo mientras la crisis de credibilidad de su Gobierno se agrava, cercado por escándalos, pactos con independentistas y un creciente malestar social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última sesión de control al Gobierno en el Senado a la que acudió, el 12 de marzo de 2024.
Desde Moncloa, se han excusado reiteradamente alegando problemas de agenda o que el presidente no se siente “bien tratado” en una Cámara donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Una justificación que ha sonado más a desprecio institucional que a argumento político. Ahora, con esta reforma, el tiempo de huir ha terminado.
El PSOE, ¿en contra de la transparencia?
Lejos de respaldar esta apuesta por la transparencia, el PSOE ha intentado boicotear la reforma hasta el último momento. El martes presentó un escrito de reconsideración ante la Mesa del Senado en un intento desesperado por frenar la tramitación. Sin embargo, la institución decidió seguir adelante, reafirmando la legitimidad y firmeza del proceso.
Los socialistas han insistido en que la reforma podría tener “visos de inconstitucionalidad”, aunque sin argumentos jurídicos sólidos. Ya en su momento el Tribunal Constitucional tumbó una propuesta previa sobre los procedimientos de urgencia, pero el PP ha corregido el texto con rigor jurídico para sortear esa objeción. La actual redacción permite a la Mesa del Senado solicitar los antecedentes necesarios para aplicar el procedimiento de urgencia, dentro del marco constitucional.
También los ministros deberán rendir cuentas
La reforma no se limita a Sánchez. Los populares también han reforzado la obligación de los ministros de asistir a las sesiones de control. A partir de ahora, el Gobierno deberá comunicar con al menos 48 horas de antelación qué ministros no podrán acudir al Pleno y justificar debidamente sus ausencias. Además, cada grupo parlamentario podrá pronunciarse públicamente sobre la validez de las excusas ofrecidas, reforzando el control político.
Este nuevo Reglamento devuelve al Senado un papel protagonista en el control al Gobierno, que Sánchez y su entorno han intentado desactivar desde el inicio de esta legislatura debido a la fuerza del PP en el mismo. La medida, impulsada exclusivamente por los de Feijóo, refuerza los valores democráticos y obliga al presidente del Gobierno a responder en el momento más incómodo y delicado de su carrera política.