Albert Rivera gana al entorno de Bildu: 23 acusados de izquierda abertzale reconocen que perpetraron “violencia política” en 2019
Los 23 acusados por tratar de impedir el mitin de Albert Rivera en Rentería en 2019 reconocen su implicación ante el juez en la vista celebrada este miércoles en los juzgados de Donostia. Así, a través de un acuerdo de conformidad, se concluye con uno de los casos más relevantes de "violencia política" -como califican tantos juristas- en el País Vasco en los últimos años.
Albert Rivera, en la sede de C´s el pasado mes de mayo
Los 23 acusados por el asalto violento al mitin que el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró el 14 de abril de 2019 en Rentería (Guipúzcoa) han reconocido este miércoles su implicación en los hechos y han aceptado las penas acordadas en sede judicial, tal y como han trsen exclusiva ESdiario.
Concretamente, la vista se ha celebrado este miércoles en los juzgados de Donostia y ha puesto fin a uno de los episodios más tensos y simbólicos de violencia ocurridos en Euskadi en los últimos años.
El caso se remonta a la campaña electoral de 2019, cuando un grupo de manifestantes intentó interrumpir por la fuerza el mitin de Albert Rivera mediante insultos, empujones, lanzamiento de objetos y el bloqueo de los accesos a la plaza pública. Uno de los acusados fue inicialmente imputado por atentado contra la autoridad tras agredir a un agente. Sin embargo, la Fiscalía reformuló los cargos, centrando la acusación en un delito electoral.
Bajo este contexto, juristas y analistas calificaron los hechos como una manifestación de "terrorismo urbano" o "violencia política callejera". Más aún, la admisión de culpabilidad por parte de los acusados y su aceptación de las condenas implican un reconocimiento explícito de que su conducta no solo fue violenta, sino que también atentó contra derechos fundamentales como la participación política y la libertad ideológica.
En virtud del acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal, el tribunal ha dictado penas diferenciadas:
- Doce acusados han sido condenados a 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (2160 €), fraccionables en 24 mensualidades.
- Diez procesados han recibido penas de seis meses de prisión, que han sido suspendidas por dos años con la condición de no reincidir.
- El acusado por atentado ha visto rebajado el cargo a resistencia a la autoridad.
- Uno de los condenados deberá abonar además una multa adicional por agresión a un asistente, con responsabilidad civil por daños personales.
Cabe destacar que el procedimiento ha estado dirigido por el despacho Fuster-Fabra Abogados, con una amplia trayectoria en causas de terrorismo y violencia ideológica. Los socios Juan Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco han liderado el caso desde el inicio, con un enfoque técnico y jurídico consolidado.