Pavor en Moncloa por el auto que insiste en la financiación ilegal del PSOE: "más personas físicas o jurídicas pudieron haberse lucrado"

"Y ahora es momento de la Justicia. Y es la Justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán", afirma el presidente del Gobierno. Aunque la clave está en lo que omite: las responsabilidades que puedan tener en este caso las "terceras personas: físicas o jurídicas". 

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, señala indicios “notabilísimos” de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y retrata a Santos Cerdán como el “recaudador” de un sistema de mordidas con posibles beneficiarios aún por identificar.

Por si alguien aún tenía dudas, ya puede constatar que el Tribunal Supremo no se anda con rodeos. En un auto demoledor para el Partidos Socialista Obrero Español al que ha tenido acceso ESdiario, el magistrado Leopoldo Puente desmenuza la presunta arquitectura de un mecanismo de financiación ilegal que habría beneficiado al PSOE, dejando entrever que las piezas del puzzle corrupto todavía no encajan del todo. “Más personas físicas o jurídicas pudieron haberse lucrado”, advierte el juez en un escrito de 20 páginas, que retrata a Santos Cerdán como el cerebro recaudador de una trama con tentáculos por desvelar y un riesgo latente de destrucción de pruebas.

Es curioso leer estas conclusiones del magistrado y acordarse de algunos como Patxi López, por ejemplo, que han salido una y otra vez para defender a Cerdán y arremeter contra cualquiera que pusiera en tela de juicio su buen hacer. "¿Quién le devuelve a Santos Cerdán su credibilidad?", decía el portavoz socialista no hace tanto.

El pánico se apodera del 'sanchismo'

El documento judicial va mucho más allá de una mera relación de hechos: es una radiografía cruda de cómo, supuestamente, el número tres del PSOE habría operado como recaudador de mordidas y repartidor del botín. La contundencia de los términos empleados por Puente deja poco margen a la interpretación política: 

“Resulta evidente que, tras la declaración prestada en el día de hoy por el investigado, don Santos Cerdán León, persisten notabilísimos indicios de que el mismo pudiera haber participado en la comisión de unos hechos que podrían calificarse como constitutivos de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho”.

La referencia a una “organización criminal” no es menor, puesto que implica la existencia de una estructura jerárquica con reparto de papeles, en la que Cerdán, según el juez, ocuparía un rol esencial como engranaje financiero y político.

Sobrevuela la financiación paralela

Si algo convierte este auto en un misil jurídico de amplio alcance es su insistencia en que otros actores, aún no identificados con nombres y apellidos, pudieron lucrarse con el esquema. Esta mención a “más personas físicas o jurídicas” abre la puerta a futuras imputaciones y pone bajo el foco no solo a dirigentes socialistas, sino también a empresas adjudicatarias, intermediarios y a unas siglas que cuelgan entre el número 68 y el 70 de la madrileña calle Ferraz.

Este matiz alimenta la hipótesis de una financiación paralela de la formación política que hoy gobierna España y que ha gestionado a su antojo el mismo líder que ocupa la jefatura del Ejecutivo y la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español. Una sospecha que, si se confirma, podría desembocar en uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.

Riesgo de destrucción de más pruebas

El magistrado, en un párrafo especialmente severo, alerta del peligro de que el investigado aproveche su libertad para dificultar la investigación: "Existe un riesgo concreto de que pueda ocultar, destruir o alterar fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento”.

En otras palabras: el juez considera que Cerdán aún dispone de capacidad para maniobrar y entorpecer el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que no ha entrado en el centro penitenciario de Soto del Real por riesgo de fuga o de reincidencia en los supuestos delitos. Lo ha hecho porque el ex secretario de Organización del PSOE podría acabar con documentos y archivos clave. Hay que recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aún no ha registrado su domicilio madrileño. El que supuestamente paga la empresa de la trama: Servinabar 2000 S.L.

El silencio lo dice todo

Tras la publicación del auto, Moncloa y Ferraz se han sumido en un mutismo calculado. Ningún portavoz ha desmentido de forma categórica el fondo de las acusaciones, limitándose a calificar el procedimiento de “instrucción abierta sujeta a garantías”. Sin embargo, en privado, dirigentes socialistas admiten el “pavor” que suscita un documento que, a diferencia de otras resoluciones previas, menciona con claridad la posibilidad de una red organizada de recaudación al servicio del partido.

La oposición, por su parte, exige explicaciones y acciones urgentes. Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones tras enviar el juez a prisión a Santos Cerdán. Desde Génova lo resumían con esta frase: "Hoy el 'sanchismo' duerme entre rejas". Además, a primera hora de este martes, el presidente del PP avisaba a los socios de esa mal llamada "mayoría progresista de legislatura". "Su número dos ha dormido en prisión pero Sánchez pretende seguir. Es insostenible. He pedido a Miguel Tellado que llame a los grupos para que digan si su apoyo al PSOE sigue intacto. Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta", ha escrito en redes Feijóo. 

Es evidente que el interés reside ahora en la palabras -pero sorbe todo los hechos- de ERC, PNV, Podemos y Junts. Precisamente, resultan significativas las palabras del abogado de Carles Puigdemont. Gonzalo Boye escribe: "Un Peugeot no es tan grande como para que el cuarto pasajero no se enterase de lo que hacían los otros tres...". 

No hay más preguntas, señoría.