por valor de 189 millones de euros
El Gobierno de Pradales defiende la legalidad de 5 contratos millonarios con Acciona, la mayor contratista de la red Ábalos-Cerdán-Koldo
El Ejecutivo vasco (PNV) ha revelado adjudicaciones de obras públicas por valor de 189 millones de euros en las que ha participado Acciona, investigada en el caso Koldo. A pesar de ello insisten en que no hay irregularidades en Euskadi y garantizan la legalidad y transparencia de todos los contratos.
Cartel de la empresa Acciona colocado en una de sus oficinas de Madrid.
Cinco contratos, 189 millones de euros y una empresa bajo la lupa del Tribunal Supremo: Acciona. El Gobierno vasco ha informado este miércoles al Parlamento autonómico sobre una serie de adjudicaciones en las que ha participado Acciona, el mayor contratista implicado en la presunta red de corrupción del caso Koldo. Lo ha hecho tras la presión creciente de la oposición y en medio del compromiso de Imanol Pradales de revisar a fondo las contrataciones públicas desde 2015 tras estallar el caso en el seno del PSOE.
Los datos, facilitados por la consejera socialista de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, detallan cinco adjudicaciones desde 2021 a través de la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS). Cuatro de ellas en consorcio con las empresas vascas Iza y Altuna, y una quinta junto a Sacyr, Bycam y nuevamente Altuna. Entre las obras destacan dos tramos del metro de Donostialdea, uno de ellos con una ampliación posterior, además de un ascensor urbano en San Roke y un tramo de la línea 5 del metro de Bilbao.
La cifra total asciende a 189,34 millones de euros, una cantidad significativa que ha llamado la atención en plena investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción que salpica al trío José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
La portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, explicó este martes que en los primeros análisis no se han detectado vínculos con empresas directamente ligadas a la trama, como Servinabar (propiedad al 45% de Santos Cerdán) o aquellas asociadas al empresario Antxon Alonso, amigo del hasta hace nada secretario de organización socialista.
Adjudicaciones "verificadas y ajustadas" a la legalidad
Lo importante del asunto es que el Ejecutivo autonómico ha querido dejar claro que los contratos en Euskadi en los que ha intervenido Acciona no presentan irregularidades. Según el informe enviado por García Chueca, las adjudicaciones han sido “verificadas” y “ajustadas escrupulosamente” a los principios legales de contratación pública. Se asegura que han respetado la libre concurrencia, la transparencia, la igualdad entre licitadores y el uso eficiente de los fondos públicos.
Por su parte, la consejera socialista también afirma haber accedido al informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y asegura que no consta ningún contrato relacionado con la administración vasca. Tampoco la Fiscalía, ni juzgado alguno, ha solicitado documentación al respecto.
Aun así, el PP ha registrado en el Parlamento varias iniciativas para conocer en detalle las relaciones contractuales entre las instituciones vascas y las empresas investigadas. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su compromiso con una auditoría que abarcará el periodo 2015-2025, algo que también harán otras regiones como la Navarra de María Chivite, que en su caso cuenta con el añadido de que Santos Cerdán es de allí.
Los expedientes completos de los contratos adjudicados están disponibles públicamente y, según remarca el Gobierno, pueden consultarse para despejar cualquier duda. La transparencia, aseguran, sigue siendo la mejor defensa ante cualquier sospecha. Veremos, porque muchos socialistas han dicho estas palabras durante los últimos meses y se han acabado pillando los dedos... o quemando las manos por ponerlas en el fuego por sus compañeros.