Aragón lo tiene claro: "Somos el jamón de York pobre de un sandwich entre Navarra, País Vasco y Cataluña"

El Gobierno de Aragón ha alzado la voz este lunes contra lo que considera una de las concesiones más graves del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Generalitat de Cataluña. Lo ha hecho en anteriores ocasiones y ahora no va a ser menos. Y es que no piden privilegios para sí, sino justicia con todas las regiones de España.

El presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, ha sido contundente este lunes al rechazar el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Salvador Illa para ceder a Cataluña la gestión del IRPF. “Hablan de una España de dos velocidades”, ha denunciado Azcón durante su intervención en el XIII Curso Universitario 'Prensa y Poder', organizado por UDIMA en Aranda de Duero. Allí ha hecho un llamamiento a una “rebelión cívica” frente a lo que considera un ataque a la igualdad territorial.

Azcón ha calificado el pacto de “preocupante” y ha afirmado que “lo que Sánchez e Illa llaman singularidad es fundamentalmente insolidaridad”. Según el jefe del Ejecutivo aragonés, se está diseñando un país en el que “los ricos quieren que vaya a una velocidad y las comunidades que somos más pobres nos quedamos con las migajas”. En su opinión, “hoy se han repartido los recursos, y al resto lo que nos están dando son las sobras”.

Para el presidente de Aragón, este acuerdo con Esquerra Republicana “es un pago político para seguir ostentando el poder” y tendrá consecuencias graves sobre la prestación de los servicios públicos en toda España. “Distintos recursos significan distintos niveles de atención sanitaria, educativa o social, y eso dinamita la historia de solidaridad e igualdad que siempre ha caracterizado a España”, ha alertado.

Por su parte el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido en el mensaje que llevan repitiendo desde que estas cesiones se han convertido en normalidad. No por ello deja de tener todo el sentido del mundo: “No se puede romper la igualdad entre españoles”, en referencia a ese acuerdo para ceder la recaudación del IRPF a Cataluña.

Bermúdez de Castro ha calificado el pacto de “gravísimo” y ha advertido que el Ejecutivo aragonés prepara una batería de medidas judiciales y parlamentarias para frenarlo. “Va más allá de lo que pensábamos, aunque era previsible”, ha declarado en una rueda de prensa en la que ha insistido en que la Generalitat habla de colaboración “cuando en realidad es claudicación”.

El consejero ha recordado que ya en el pasado, cuando Artur Mas pidió lo mismo, PP y PSOE se unieron para rechazarlo. “Entonces entendieron que esto rompía la solidaridad entre territorios y la igualdad entre ciudadanos. Ahora se quiere imponer por ley, solo para que Pedro Sánchez se mantenga unas semanas más en el poder”, ha criticado.

Para Bermúdez de Castro, el acuerdo consagra privilegios para una comunidad a costa del resto: “Un ciudadano de Extremadura o Baleares debe tener los mismos derechos y servicios, pero si sus administraciones no tienen la misma capacidad económica, se pierde la igualdad. Y eso es lo que está ocurriendo”.

El consejero ha sido especialmente gráfico al afirmar que Aragón “se va a convertir en el jamón de York pobre de un sándwich entre Navarra, País Vasco y Cataluña”, tres comunidades con tratos fiscales diferenciados. “¿Qué va a hacer Jorge Pueyo?”, se ha preguntado en alusión al diputado de CHA (Chunta Aragonesista), dejando claro que la ampliación del IRPF no puede extenderse a todas las comunidades porque “si no, no hay dinero para nada”.

Además, ha denunciado que con este acuerdo, “Cataluña pretende dar limosna al resto de España” y ha advertido que los grandes perjudicados serán el Estado y las comunidades que no gozan de financiación singular. “¿Cómo va a pagar el Estado las pensiones, los subsidios o las infraestructuras?”, ha preguntado, subrayando que esta no es una cuestión de partidos, “sino de números”.

El Gobierno de Aragón también ha vuelto a reclamar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir lo que considera una “tropelía”. Y ha denunciado el “escándalo” que supone que un Gobierno que se dice progresista “dé más dinero a los ricos”.

Pérdidas de más de 230 millones de euros

Según los cálculos del Departamento de Hacienda aragonés, Aragón perdería más de 230 millones de euros anuales en transferencias del Estado si se consuma este acuerdo: una reducción del 37,7% en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, más de 44 millones menos en el Fondo de Cooperación, y una caída de hasta 46 millones en transferencias finalistas.

A ello se suma una infrafinanciación estructural ya reconocida, debida a factores como la dispersión geográfica, la baja densidad de población y el envejecimiento demográfico, que encarecen la prestación de servicios esenciales.

Desde el Ejecutivo autonómico se reitera que Aragón no pide privilegios, sino justicia. Y exige una reforma del sistema de financiación que sea multilateral, se debata en el CPFF y garantice igualdad, suficiencia financiera y reconocimiento de las singularidades territoriales. “Lo que no aceptaremos nunca es un modelo que consagre la desigualdad entre territorios”, ha sentenciado Bermúdez de Castro.