TJUE
Bruselas vapulea a Pedro Sánchez por la amnistía: "es un acuerdo político que no responde al interés de España"
La Comisión Europea hace un duro alegato ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley acordada entre el PSOE y Puigdemont subrayando que no atendió a las recomendaciones de la Comisión de Venecia o que no se investigó si se vio afectado dinero de la UE

José Manuel Albares y Pedro Sánchez miran a Puigdemont en el Parlamento Europeo
"No parece que la Ley de Amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", así de claro se ha mostrado la Comisión Europea en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, asestando un duro golpe a la norma acordada entre el PSOE y Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez.
La Comisión Europea dedica varios reproches al Gobierno de Pedro Sánchez ante el TJUE por cómo se gestionó la Ley de Amnistía, indicando que “las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”.
Bruselas alega ante el TJUE que la Ley de Amnistía podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron fondos de la UE para el procés. “En particular, si como lo sostiene el Tribunal de Cuentas, la Ley de Amnistía da lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto de la ley, entonces no se cumpliría este requisito de que las normas sean claras y precisas”, explica la Comisión Europea.
Desde la Comisión Europea apuntan asimismo que “también existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la Ley de Amnistía sean claras y precisas y lo cierto es que el legislador español tampoco atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia a este respecto”, en otro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez, subrayando en su alegato ante el TJUE que “ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”.