Mudanza bajo sospecha: Santos Cerdán avisa que su familia deja su piso de Madrid y trasladarán sus "enseres"
Así lo ha transmitido la defensa del exsecretario de organización del PSOE al Tribunal Supremo. El aviso, aparentemente rutinario, levanta sospechas en plena investigación sobre el ex número tres socialista, que está en prisión preventiva precisamente para evitar posibles manipulaciones o destrucción de pruebas.
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha notificado este mismo martes al Tribunal Supremo que su familia abandonará en breve el piso en el que convivían en el centro de Madrid. El motivo es el fin del contrato de alquiler, según el escrito remitido al magistrado del caso, Leopoldo Puente. La mudanza, que incluye el traslado de todos los enseres de la vivienda, está prevista para la próxima semana.
Este movimiento, en principio administrativo, adquiere una relevancia especial dado el escenario jurídico actual en el que está envuelto el antiguo número tres socialista. Hay que recordar que Cerdán se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, acusado de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del conocido ‘caso Koldo’. Precisamente uno de los argumentos por los que no ha sido puesto en libertad es el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas. Y es que en el contexto judicial actual, lo que supone una mudanza plantea varias dudas y preocupaciones:
- Como hemos dicho el principal motivo por el que se mantiene a Cerdán en prisión provisional es evitar el riesgo de que destruya, altere o haga desaparecer pruebas. Si su familia traslada todos los objetos del domicilio (documentos, dispositivos, registros, etc.) sin supervisión judicial, podrían eliminarse o esconderse pruebas relevantes para el caso.
- La mudanza ocurre justo antes de que el Supremo celebre una vista para estudiar la petición de libertad de Cerdán. Si se permite que su entorno desaloje la casa antes de que se decida su situación procesal, eso podría alterar elementos de la investigación.
- Aunque la vivienda no era de su propiedad, era su residencia habitual y es razonable suponer que ahí puede haber material relevante sobre su actividad mientras era alto cargo del PSOE. Dejar que esos objetos se muevan libremente sin inspección judicial previa puede suponer una pérdida de posibles pruebas.
- La defensa ha avisado al juez de la mudanza, pero no se especifica qué se va a trasladar, adónde ni quién supervisará el proceso. Esto incrementa las suspicacias: ¿qué “enseres” se incluyen exactamente?, ¿se trata solo de muebles o también de documentos y dispositivos?
Por todo ello la defensa de Cerdán, para hacerlo correctamente, ha puesto en conocimiento del tribunal el traslado para que actúen “a los efectos que procedan”. Es decir, si es necesaria la supervisión judicial de la mudanza para, precisamente, no sospechar de las intenciones de Santos Cerdán y garantizar que simplemente es un cambio de piso.
Cabe recalcar que esta vivienda sita en la capital que será desalojada no era propiedad de Cerdán. Según su declaración de bienes, solo posee una vivienda en su pueblo natal, Milagro (Navarra), una casa adosada adquirida en 1995 por 11 millones de pesetas.
Próxima cita clave: el 22 de julio
Ese día se celebrará una vista a puerta cerrada en la que el Supremo estudiará el recurso de la defensa de Cerdán para que se le conceda la libertad “inmediata”, alegando la ausencia de indicios sólidos en su contra y que es víctima de una "causa general". En ese escrito, el ex dirigente socialista acusa al juez instructor de tener una actitud “inquisitiva” y de haberlo encarcelado con el objetivo de forzar una confesión, como supuestamente ocurrió con Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama.
Sin embargo, el magistrado mantiene que existen “indicios bastantes” para considerar que Cerdán, junto con Ábalos, Koldo y otros implicados, habrían formado una red criminal para beneficiarse económicamente mediante adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos.