Ayuso planta cara a la "amenaza" de Sánchez de imponer el reparto de menores: "Lo quiere imponer a la fuerza"

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a recurrir a la imposición autoritaria en lugar del diálogo. Esta vez, con el reparto forzoso de menores migrantes entre comunidades autónomas, un nuevo episodio que ha encendido la alarma en regiones gobernadas por el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves la "amenaza" del Ejecutivo de Sánchez de "imponer por la fuerza" este sistema "sin procedimiento ni diálogo", y sin que el Gobierno central dote a las comunidades de los recursos que exige la ley.

Las declaraciones de Ayuso llegan tras el aviso del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien aseguró que el Gobierno garantizará el cumplimiento de la ley "sin excepción". En respuesta, Ayuso ha vuelto a poner el dedo en la llaga: “Lo quiere imponer a la fuerza”, advirtiendo que detrás de esta supuesta política de acogida se esconde una estrategia de confrontación y chantaje institucional.

Una política de imposición y desprecio al Estado de Derecho

Ayuso ha recordado que este movimiento llega de la mano de un Gobierno que "expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, cerca a etarras y permite que los homenajeen, pone en la calle a violadores y no tiene política migratoria". Para muchos, esta denuncia resume con claridad el doble rasero con el que Sánchez gobierna España: exige a las comunidades del PP que cumplan con lo que él mismo no respeta.

El sistema de derivación de menores desde Canarias, Ceuta o Melilla ha entrado en vigor este jueves, impulsando un nuevo frente de tensión entre el Gobierno socialista y las autonomías del Partido Popular. Mientras tanto, Sánchez elude su responsabilidad directa: no ha activado la contingencia migratoria extraordinaria que ya han solicitado regiones como Canarias o Ceuta, también gobernadas por el PP, a pesar de estar colapsadas y superar el triple de la capacidad de acogida que les corresponde.

El PP rechaza el chantaje: “Esto no es propio de una democracia”

Frente a la presión, el Partido Popular ha plantado cara al decreto aprobado por el Gobierno el 22 de julio, que abre la puerta a que la Guardia Civil y la Policía Nacional fuercen la entrada de menores migrantes en comunidades autónomas contrarias a este reparto. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que si no se cumple la ley, “tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad”, una frase que ha hecho saltar todas las alarmas por su carácter coercitivo.

Desde el PP, su secretario general Miguel Tellado ha condenado esta postura como una “amenaza” más propia de un régimen autoritario “que de una democracia”. La Xunta de Galicia también ha denunciado los insultos e intimidación con los que el Gobierno intenta silenciar cualquier disenso.

Sánchez premia a sus socios separatistas y castiga a los demás

Una de las críticas más contundentes se centra en la exclusión del País Vasco y Cataluña del reparto obligatorio de menores. Ni una sola derivación a estas dos comunidades, pese a que los criterios son supuestamente "iguales". El Gobierno lo justifica alegando su “esfuerzo previo”, pero desde el PP y Melilla denuncian el trato de favor a los socios separatistas del PSOE, en contraste con la presión que sufren el resto de comunidades.

A pesar de todo, el PP ha reafirmado que sus gobiernos autonómicos cumplirán la ley, pero no dejarán de denunciar las arbitrariedades del Ejecutivo, especialmente cuando es él quien incumple sistemáticamente sus propias obligaciones. Prueba de ello es que sigue sin cumplir el mandato del Tribunal Supremo para acoger a un millón de menores solicitantes de asilo.