España, en el punto de mira mundial: nueva derrota en Australia por 469 millones en laudos renovables
El Tribunal Federal de Australia sentencia contra España, rechazando su inmunidad soberana y sumando más presión a un país que acumula 1.400 millones en deudas arbitrales
Energía agrovoltáica
España ha recibido un nuevo varapalo judicial en su batalla contra los inversores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas renovables. Esta vez, el Tribunal Federal de Australia ha dictado una sentencia histórica que obliga al Estado español a pagar más de 469 millones de euros en cuatro laudos arbitrales, a los que se sumarán intereses y costas procesales. El fallo, emitido por el juez Stewart, no solo desestima los argumentos de inmunidad soberana presentados por España, sino que también critica con dureza la estrategia de la Abogacía del Estado, calificándola de “poco útil y gravosa”.
La resolución, que engloba los casos RREEF (59,6 millones de euros), 9REN (41,76 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones), refuerza la tendencia de los tribunales internacionales a rechazar las defensas de España en este largo litigio iniciado tras las reformas del sector renovable entre 2008 y 2014. Estas medidas, impulsadas tras la crisis financiera de 2008, redujeron drásticamente los incentivos prometidos a inversores extranjeros, desencadenando decenas de arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía (ECT).
Una derrota tras otra
El fallo australiano se suma a una serie de reveses judiciales que España ha encadenado en las últimas semanas. En un solo mes, tribunales en Bélgica, Estados Unidos y ahora Australia han emitido sentencias en contra del Reino, consolidando su posición como el mayor moroso mundial en arbitrajes internacionales. Según datos recientes, España acumula 26 laudos firmes en su contra, con una deuda que supera los 1.400 millones de euros, cantidad que asciende a 1.870 millones de dólares si se incluyen intereses y gastos judiciales.
El juez Stewart fue contundente al rechazar la inmunidad soberana, un argumento recurrente de España para evitar el cumplimiento de los laudos. En su sentencia, destacó que el país no puede eludir sus obligaciones internacionales escudándose en su estatus soberano. Además, el tribunal desestimó la intervención de la Comisión Europea en apoyo a España, considerándola “irrelevante y repetitiva”, e impuso costas tanto al Reino como a la propia Comisión.
Un mensaje claro a España
Un portavoz de las empresas afectadas celebró la decisión como un hito: “La sentencia del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede esconderse tras la inmunidad para eludir sus responsabilidades. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional, y los jueces lo están confirmando una y otra vez”. Esta resolución refuerza la percepción de que el sistema arbitral internacional está decidido a hacer cumplir los laudos, independientemente de los esfuerzos de España por resistirse.
El origen de esta saga se remonta a los incentivos ofrecidos por España en los años 2000 para atraer inversión extranjera en energías renovables. Estas medidas, que incluían tarifas de alimentación garantizadas (feed-in tariffs), llevaron a un auge de proyectos solares y eólicos, con inversiones de miles de millones de euros. Sin embargo, tras la crisis económica, el gobierno español redujo y eliminó estas subvenciones, argumentando la necesidad de controlar el déficit tarifario. Los inversores, que planificaron sus proyectos basándose en la estabilidad regulatoria prometida, llevaron el caso a arbitrajes internacionales, alegando violaciones del principio de trato justo y equitativo del ECT.
Negociaciones en punto muerto
Recientemente, España logró cerrar un acuerdo para liquidar el laudo JGC, lo que generó esperanzas de soluciones negociadas para otros casos. Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones ha llevado a los inversores a intensificar sus esfuerzos para ejecutar los laudos en jurisdicciones extranjeras, como Australia, donde España posee activos susceptibles de embargo. Este enfoque refleja la frustración de los demandantes ante la negativa del gobierno español a cumplir voluntariamente con las sentencias arbitrales.
Un precedente con implicaciones globales
La decisión australiana no solo afecta a España, sino que también tiene implicaciones para el sistema de arbitraje internacional y la protección de inversiones. La sentencia refuerza la idea de que los estados no pueden ignorar los laudos arbitrales amparándose en inmunidad soberana, un principio que podría influir en futuros casos similares. Además, pone en cuestión la estrategia de España de resistirse al pago mientras acumula deudas que, con intereses, crecen exponencialmente.
Mientras tanto, España se enfrenta a un dilema: seguir litigando a costa de su reputación internacional y de un creciente pasivo financiero, o buscar acuerdos que mitiguen el impacto económico. Por ahora, los inversores parecen decididos a continuar con los embargos en el extranjero, lo que podría complicar aún más la posición de España en los mercados internacionales.