Sánchez hace caja con emergencias: recibe 162 millones de dividendos de Tragsa
La firma estatal de bomberos precarios factura “por encima de su coste real” a autonomías y Gobierno mientras debe a 78 millones a Hacienda, Seguridad Social y empleados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado de los incendios en Asturias.
La Britermo (Brigada Tertuliana de Moncloa) azuza en todos sus foros que el PP privatiza la prevención y extinción de incendios. Que hay empresarios que se enriquecen con la tierra calcinada.
Y sí. Una gran empresa se lucra. Pero es pública. Tragsa.
La controla Sánchez. Y la contratan autonomías de todo signo para incendios y emergencias. En 2024 tuvo 104 millones de beneficios. Dobló los del año anterior, 48 millones.
¿Qué hizo con sus beneficios? ¿Comprar hidroaviones, mejorar sueldos de sus bomberos, bajar o condonar costes a autonomías…? No.
Repartió 67 millones de dividendos. ¿A quién? A sus accionistas sanchistas: Sepi (51%) y Patrimonio del Estado (10%), ambas de Montero, la de los incendios se apagan en invierno; y Fondo Español de Garantía Agraria (39%), del ministro Planas.
Los dividendos ingresados por Sánchez con su firma de sus emergencias suman 162 millones desde 2020. Dotarían cuatro nuevas UME.
Reparte 67 millones de dividendos y otros 24 a reservas en 2024 mientras debe remuneraciones laborales por 31 millones, 36 millones en 2023. Incluye aumentos no abonados. Y debe 18 millones a Hacienda (su dueño), 17 millones en 2023.
¿No es más urgente abonar deudas a Montero qué dividendos? Y adeuda 29 millones a la Seguridad Social.
Esta precarización la dicta Sánchez. No son ilegales almerienses. Son sus empleados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado de los incendios en Asturias.
Que Sánchez hace caja con tragedias es un dato contable. Tragsa multiplicó sus ingresos por emergencias en 2024, año de la DANA.
Saltó de 97 millones a 250 millones. Y su cartera de pedidos se triplicó. De 117 millones a 483 millones.
Pese a doblar sus ingresos - 2.000 millones- su masa salarial siguió rozar el millón.
Y recortando vía prejubilaciones. Con una plantilla temporal (15.500) que supera la fija (9.600). Esto conduce al mal señalado por el Tribunal de Cuentas: subcontratación masiva a privadas.
Gobierno o autonomía contratan a Tragsa, que subcontrata a privadas. Genera doble beneficio: el de Tragsa y el de la privada.
Una paradoja cuando contratar a Tragsa supone usar “medios propios” y por eso no paga IVA.
Pero subcontrata y aumenta irrealmente sus precios al cliente público para compensar el IVA que no puede repercutir al estado o a las autonomías.
Usa “coeficientes de actualización”. “TRAGSA aplica estos coeficientes de actualización a los costes del personal asignado a los encargos, por lo que obtiene un margen de beneficio por encima de su coste real, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los encargos que recibe el medio propio no están sujetos a IVA o a impuestos equivalentes”. Esto denuncia el Tribunal de Cuentas. Que usa a sus precarios obreros para inflar precios.
¿Existe sobrecoste cuando Ayuso le inyecta 30 millones -casi el gasto de la UME- y recibe 304 efectivos para prevención de incendios ocho meses y 548 para extinción los cuatro del verano? Se quejan de que su empleador, Sánchez, les paga poco.
Ayuso dotará 4 millones para subirles salarios aunque no sean empleados suyos. Nadie culpa al presidente de Tragsa. Cobra 240.000 euros anuales -135% más que Ayuso- frente a los 19.000 euros de sus bomberos. Y esto tras una forzada subida. Juegan con fuego por 200 euros más que el SMI.
El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado.
Las autonomías abonan 1.000 millones a Tragsa en 2024. Y el Gobierno otros 1.000. Hay facturas sangrantes. Sánchez promete 5.000 millones en diciembre por la DANA.
Pero Tragsa cobra ese mes 78 millones a Mazón por reparar daños. La Xunta le compra pienso para el ganado tras sus incendios (antes le cobró por prevención). ¿Deben pagar las autonomías barridas por la inacción sanchista al no encauzar el Poyo o escatimar soldados?
¿Es progresista o ‘trumpista’ facturar tragedias? ¿Interior debe cobrar a la víctima de un delito por capturar al culpable?
Las autonomías quemadas le pagan millones por helipuertos contra incendios, más informes o acciones forestales, etc. Prevenir es caro. Para fortuna de Tragsa. Sus profesionales están adscritos a prevención y extinción de incendios de Transición, Defensa, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja, Hierro y La Gomera. Todo a toca teja.
Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de Tragsa.
Suman 2.406: 1.527 peones especialistas/bomberos forestales, 330 capataces, 193 conductores, 184 técnicos, 73 vigilantes, 60 emisoristas, 15 preparadores físicos, 12 maquinistas y 12 auxiliares de apoyo logístico.
“Están operativas 24 brigadas helitransportadas, 112 retenes terrestres, 56 vehículos autobomba/nodriza, 2 unidades de maquinaria pesada, 14 unidades de vigilancia móvil y 28 puestos de vigilancia fija”. ¿Dónde han estado?
¿Con 162 millones de dividendos podría aumentar sus escasos efectivos -menos que la UME- y cederlos gratis o sin lucro a autonomías? Sale más barato que ser zona catastrófica. 2.000 millones públicos dan para mucho bombero. 576 millones salen de las cuatro autonomías del PP devastadas. Las emergencias 2 y 3 exigen por ley el uso de los medios del Estado. No dice depende ni cobrando.