El vicepresidente de la APIF y fiscal de la Audiencia Nacional deja en evidencia al Fiscal General: por este motivo de peso tiene que dimitir

Vicente González, vicepresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y fiscal de la Audiencia Nacional, carga con argumentos de peso contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuestiona con firmeza su permanencia en el cargo tras ser investigado por el Tribunal Supremo.

En una entrevista concedida a ESdiario, González lamenta que la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía —acto presidido por el Rey y en presencia de las más altas autoridades judiciales— se haya visto empañada por la situación procesal del máximo responsable del Ministerio Público. “Lo importante en ese acto es que la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, presente la memoria [...] Lo importante no es quién lo presenta, sino que se presente”, afirma el fiscal.

Pero González va más allá al señalar que, dada la situación judicial de García Ortiz, debería haber delegado esta función: “Nosotros entendíamos que este año debe ser presentada esa memoria por su sustituto legal, la teniente fiscal del Supremo, por quien él decida”.

La crítica es directa y clara: “La imagen que deben dar los fiscales era el mensaje a transmitir. Es el máximo respeto a las resoluciones judiciales y no puede actuarse de la misma forma si el Tribunal Supremo hubiera archivado la investigación que si el Tribunal Supremo entiende que debe continuar investigando al Fiscal General”.

Aunque reconoce que hay que respetar “la presunción de inocencia, faltaría más. Y hay que decirlo así, claro”, insiste en que el problema de fondo no es la culpabilidad o inocencia de García Ortiz, sino su rol institucional. “El tema que viene es si el Fiscal General del Estado es primero fiscal y por tanto le regulan las condiciones de suspensión de funciones, al igual que el resto de los fiscales”.

González recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece la suspensión de funciones “cuando se decreta la apertura del juicio oral”, y que mantener al frente de la institución a alguien investigado por el Supremo solo contribuye a dañar su credibilidad.

“La Constitución Española establece los principios de unidad, de actuación y dependencia jerárquica en la Fiscalía [...] Dependemos del Fiscal General por imperativo constitucional”, señala. Y advierte del profundo conflicto institucional que se genera cuando el jefe de todos los fiscales se convierte, al mismo tiempo, en sujeto de una investigación: “Lanza sobre la ciudadanía la desconfianza de que, claro, hay un fiscal que depende de su superior, que tiene que hacer un dictamen de inocencia o culpabilidad [...] cómo va a opinar de forma distinta a quien es su jefe?”.

Por todo ello, Vicente González concluye con rotundidad: “La renuncia, que no supone admitir ninguna culpabilidad, dado el estado procesal de decisiones judiciales del Tribunal Supremo, era la solución más correcta”.