NUEVO MAZAZO JUDICIAL EN MONCLOA
La Justicia ordena investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un nuevo revés al presidente del Gobierno al obligar a investigar su implicación directa en el rescate de la aerolínea junto a los intereses de su esposa, Begoña Gómez. La justicia reprocha a la Oficina de Conflicto de Intereses que archivara la denuncia del PP "sin realizar una mínima investigación".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bebe agua durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Pedro Sánchez representa a la perfección el dicho "monta un circo y le crecen los enanos". Sobre todo si lo relacionamos con casos judiciales. Cuando parecía que se iba a librar por el controvertido rescate de Air Europa tras la pandemia, la Justicia vuelve a darle una mala noticia, un nuevo frente judicial que ya no solo afecta a su esposa, Begoña Gómez, sino a él mismo.
Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que este martes ha ratificado su decisión de obligar a la Oficina de Conflicto de Intereses (dependiente del Ministerio para la Transformación Digital) a admitir e investigar la denuncia presentada por el Partido Popular sobre el rescate de Air Europa y la implicación directa del presidente del Gobierno en este asunto.
La Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo ha declarado firme la sentencia dictada en junio después de que no se presentara recurso en el plazo de 30 días. En ella, los magistrados ordenaban a la Oficina de Conflicto de Intereses abrir diligencias de investigación reales y no limitarse a aceptar informes internos del Ejecutivo sin documentación que los respalde.
Posible conflicto de intereses al no abstenerse Sánchez en la votación del rescate
Fue el PP los que denunciaron en marzo de 2024 que Sánchez debía haberse abstenido en los Consejos de Ministros en los que se aprobó el rescate de Air Europa al existir posibles conflictos de interés derivados de la actividad profesional de su esposa. Sin embargo, el órgano archivó la denuncia amparándose en un informe de la Presidencia del Gobierno.
El tribunal, en cambio, ha reprochado la falta de actividad investigadora y ha recordado que no se puede dar carpetazo a un asunto de tal trascendencia sin examinar pruebas ni practicar diligencias mínimas. Los magistrados destacan que lo denunciado afecta directamente a la imparcialidad del presidente del Gobierno y, por tanto, requiere una investigación en toda regla.
La sentencia señala que los hechos tienen un interés general que trasciende a la denuncia del PP, pues lo que está en juego es la transparencia en la actuación de los más altos cargos. Ahora, la Oficina de Conflicto de Intereses tendrá que pronunciarse de forma motivada y esclarecer la implicación de Sánchez en el polémico rescate de Air Europa.
La relación de Begoña Gómez con Air Europa
La relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa surge a raíz de una denuncia de Manos Limpias y de audios en los que se sugiere que directivos de Globalia hablaron con ella para favorecer la concesión de ayudas públicas durante la pandemia. También hay que recalcar que Javier Hidalgo, CEO de Globalia (dueña de Air Europa) era socio de la mujer del presidente del Gobierno.
El exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’ en el Senado
En 2020, el Gobierno aprobó un paquete de más de 470 millones de euros a la aerolínea, y el juez Juan Carlos Peinado pidió a la Guardia Civil un informe sobre el expediente de la SEPI para esclarecer si la esposa de Pedro Sánchez intervino de algún modo. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía han considerado en varias ocasiones que no hay indicios suficientes, el magistrado insiste en investigar por si existieran hechos nuevos con relevancia penal.
El posible encaje delictivo se centra en tráfico de influencias si se probara que Gómez utilizó su cercanía con el presidente para influir en el rescate. También se mencionan delitos como intrusismo profesional o, en el caso del juez, la posible prevaricación u omisión de perseguir delitos si se frenara la investigación sin agotar las diligencias.