Junts vuelve a dejar tirado a Sánchez y se alinea con PP y Vox para tumbar otra medida del Gobierno
El Ejecutivo de coalición encadena derrotas en el Congreso. Esta vez con la creación de la Oficina Anticorrupción impulsada por Sumar, repitiendo el bloqueo que ya asestaron la semana pasada contra la reducción de la jornada laboral. Pese a las continuas concesiones a los independentistas, Junts vuelve a dejar en evidencia la fragilidad parlamentaria de Sánchez.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz
El Pleno del Congreso ha vuelto a ser este martes escenario de un nuevo revés para el Gobierno. PP, Vox y Junts han tumbado la proposición de ley presentada por Sumar para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que supone otra derrota política para el Ejecutivo que comparten PSOE y Sumar. De nuevo, los de Carles Puigdemont votan en contra a pesar de las continuas concesiones de Pedro Sánchez a los de Carles Puigdemont. La última precisamente en las últimas horas y relacionada con el catalán.
La iniciativa, defendida por el grupo de Yolanda Díaz, planteaba la puesta en marcha de un organismo público independiente, con capacidad de investigar, detectar y sancionar prácticas corruptas además de fomentar valores de integridad y buen gobierno. Sin embargo, el rechazo conjunto de populares, Vox y, de nuevo, Junts impide siquiera su tramitación parlamentaria.
El golpe llega apenas una semana después de que el mismo bloque frenara la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, otra medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Una secuencia que deja clara la debilidad del Ejecutivo y su incapacidad para sacar adelante proyectos clave sin el respaldo de Junts, socio incómodo al que continúan haciéndose concesiones sin lograr, por ahora, un retorno estable.
En esta ocasión, el texto obtuvo el apoyo del resto de socios de investidura, salvo Junts. El único matiz fue la abstención del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. La proposición de ley contemplaba también un régimen sancionador con faltas leves, graves y muy graves, además de la creación de un Registro Central de Infracciones bajo el paraguas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.