Tras su imputación, el líder del PSOE en Extremadura se defiende con un clásico socialista: atacando a los jueces

Malas noticias vuelan desde España hasta Nueva York donde Pedro Sánchez asiste a la Asamblea de la ONU, en la que se ha presentado como el abanderado de la lucha en favor del reconocimiento de Palestina como Estado. El presidente del Gobierno intenta utilizar lo que está ocurriendo en Gaza como cortina de humo por las causas judiciales que le rodean pero este martes una nueva decisión de la justicia le hunde la estrategia: su hermano, David Sánchez, se sentará definitivamente en el banquillo por la creación y adjudicación del puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz.

Junto a él, otras 9 personas entre las que destaca el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que al conocer que la justicia le investigaba obligó a 5 compañeros suyos para ocupar un puesto diputado en la Asamblea extremeña y estar así aforado para dilatar la causa. Una jugada que le acabó saliendo mal ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se declaró “en falta de competencia” y no asumió la investigación, devolviendo el caso a la jueza Beatriz Biedma, que ha acabado mandándolo al banquillo.

De esta manera, la Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado este lunes la apertura de juicio oral contra el secretario general del PSOE en Extremadura por la presunta contratación irregular de David Sánchez. Lejos de limitarse a defender su inocencia (evidentemente no va a reconocer nada), el socialista extremeño ha enviado una carta a la militancia en la que carga contra la judicatura y enmarca el proceso en esa supuesta ofensiva política contra el PSOE que esgrimen desde Ferraz de un tiempo a esta parte.

“Existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura”, afirma Gallardo en el escrito, en referencia a los magistrados que han avalado los indicios señalados por la jueza instructora del caso. En total son cuatro los jueces que han respaldado la apertura de juicio oral. Es decir, según Gallardo, los cuatro (cinco con la instructora principal) han tomado esta decisión por motivos políticos y no por los indicios que han visto para mandarle al banquillo. El propio Sánchez esgrimió esta misma versión en una entrevista en TVE y es la orden que han dado desde Ferraz para justificar tantos asuntos judiciales que les afectan.

El líder socialista en Extremadura insiste en que nunca intervino en la contratación de David Sánchez: “Quiero reiterar que no he participado de ningún modo, ni por activa ni por pasiva, en la contratación del hermano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez”. Según Gallardo, el puesto ya existía en la Diputación de Badajoz desde hacía años y su adjudicación se produjo tras superar “pruebas objetivas de idoneidad”.

Defiende además que la investigación no ha hallado irregularidades, ni siquiera después de que la Guardia Civil registrara dependencias de la Diputación y revisara “44 millones de correos electrónicos”. Algo que es mentira, ya que en la resolución se habla de indicios más que suficientes de delito para tomar esta decisión.

Gallardo convierte así su defensa personal en un alegato político: “Estoy convencido de que esta causa judicial no se dirige únicamente contra mi persona, sino contra lo que representa el PSOE”. A su juicio, el proceso constituye “un ejemplo más de lo que cada semana observamos por parte de quienes están empeñados en desalojar de la Moncloa a un Gobierno de progreso y a un presidente honorable”.

El dirigente extremeño asegura que no se rendirá ante la presión judicial en un claro ejemplo de demagogia barata de cara a sus simpatizantes: “No me van a doblegar. Defenderé mi absoluta inocencia con la verdad, allí donde sea necesario. No conseguirán cansarme”. Y concluye apelando al apoyo de esa militancia: “Seguiré trabajando cada día por mejorar la vida de los extremeños y extremeñas con la misma pasión y entrega de siempre”.

La carta refleja una estrategia clara y repetida por el 'sanchismo': presentarse como víctima de una persecución política y atacar a los jueces, mientras la Justicia avanza en un proceso que podría tener consecuencias tanto en Extremadura como en el seno del PSOE nacional.