El fiscal general de Sánchez pide su absolución y culpa al entorno de Ayuso de las filtraciones

Idéntica estrategia. El todavía fiscal general del Estado sigue la misma argumentación que Pedro Sánchez, cuando el presidente del Gobierno se refiere a su mujer y a su hermano: la de reivindicar su inocencia, a pesar de los indicios que los alejan de ella. 

Álvaro García Ortiz ha presentado su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reivindicando su inocencia, al considerar que el "núcleo esencial" de la información relevante había sido desvelado desde "el aparato institucional de la Comunidad de Madrid". Además, recalca que al contenido clave de la supuesta filtración tuvieron acceso unas 600 personas.

En el escrito, la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, insiste en que no hay delito porque lo único que hizo fue reaccionar, "en el legítimo ejercicio de sus competencias", "para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación". Parece una argumentación surrealista, dado el verdadero daño causado por el propio fiscal general a la institución en su empecinamiento por no apartarse del cargo en la situación judicial en la que se encuentra.

Álvaro García Ortiz se aferra, una vez más, al relato victimista en plena tormenta judicial: asegura que no vulneró la ley y que la responsabilidad de las filtraciones recae en el propio entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

Cada paso que da García Ortiz es más contraproducente para la institución que él se empeña en seguir comandando. No en vano, el caso deja al Ministerio Público en una crisis de credibilidad sin precedentes. El fiscal general del Estado no se defiende: se absuelve a sí mismo. 

De querer "ganar el relato", a invertirlo

En su escrito, el jefe del Ministerio Público niega cualquier vulneración de la legalidad al difundir datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y, en un giro tan previsible como inquietante, señala al propio entorno de la presidenta madrileña como responsable último de las filtraciones. Una estrategia que no solo busca neutralizar su acusación, sino también invertir el relato: convertir a la víctima en sospechosa.

La defensa expone que se construyó "un relato alternativo en el que se presentaba a González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno, con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

La Abogacía sitúa el foco en las acciones llevadas a cabo por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "al menos desde las 19:00" del 13 de marzo de 2024, cuando envió a "un número no determinado de periodistas" por WhatsApp una serie de mensajes donde "se trasladó intencionadamente dos informaciones que no se correspondían en absoluto con la realidad: que la propuesta de conformidad había partido del Ministerio Fiscal y que al fiscal encargado del asunto se le prohibió alcanzar un acuerdo", exponen los letrados que defienden a García Ortiz. 

Borrado de dispositivos y correo, "por seguridad"

La defensa del fiscal general del Estado alude asimismo a lo que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, considera un indicio contra García Ortiz: el borrado de su móvil y de su cuenta personal de Gmail. La Abogacía reitera que el hecho de eliminar los datos de su teléfono lo venía haciendo con "regularidad" por seguridad. Además, atribuye el cambio de dispositivo a que se hicieron públicos y empezó a recibir mensajes "hostiles".

Respecto a la prueba de cara al juicio, propone las testificales de Alberto González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, entre otros, y rechaza la del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como sí pide una acusación popular.

El movimiento de García Ortiz llega en un momento clave, con la credibilidad de la Fiscalía bajo mínimos y el Gobierno de Pedro Sánchez cada vez más cuestionado por el uso partidista de las instituciones. La tesis que plantea el fiscal general se basa en que los datos confidenciales no fueron revelados por su oficina, sino desde ámbitos próximos a la puerta del Sol. Cada nuevo paso en este proceso judicial avanza hacia la evidencia de una guerra sucia institucional contra una rival política.