El jurado popular: la herencia progresista que el PSOE quiere enterrar en el caso Begoña Gómez

La propuesta del juez Juan Carlos Peinado de someter a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a un juicio por jurado popular por un presunto delito de malversación ha desatado una tormenta política que pone al descubierto las contradicciones de la izquierda española. Lo que en 1995 fue una apuesta emblemática del PSOE por la participación ciudadana en la justicia, celebrada como un "hito del socialismo democrático", se presenta hoy como un instrumento "imparcial" y "poco fiable" cuando toca los intereses del poder. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez expresa "estupor" y "sorpresa" por la decisión judicial, el debate reaviva la historia tortuosa de una institución que dividió a la sociedad española y que, tres décadas después, acumula miles de sentencias con un altísimo índice de condenas.

La implantación del jurado popular en España no fue un capricho legislativo, sino el cumplimiento de un mandato constitucional explícito. El artículo 125 de la Carta Magna de 1978 establece que "los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado". Sin embargo, tardó 17 años en materializarse. Fue bajo el Gobierno de Felipe González, en la VII Legislatura, cuando el PSOE impulsó la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. En el Congreso, el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, la defendió como un "imperativo constitucional" y una "expresión plena de los principios procesales de inmediación y prueba". Para los socialistas, era mucho más: un pilar de la democracia participativa, una bandera contra el elitismo judicial heredado de la dictadura franquista, donde el jurado había sido suprimido en 1936.

Medida aplaudida por los progresistas

La izquierda en bloque aplaudió la norma. IU y otros partidos progresistas la vieron como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo, inspirada en modelos anglosajones pero adaptada al contexto español. El Tribunal del Jurado, compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar del censo electoral y presidido por un magistrado profesional, asumiría la competencia en delitos graves como homicidio, genocidio o corrupción en la Administración. Belloch argumentó que rompería con la "tecnocracia judicial" y democratizaría el veredicto, permitiendo que la sociedad juzgara sus propios dramas morales.

Pero la oposición no fue menor. Sectores conservadores, tanto en la política como en la judicatura, denostaron la ley desde el principio. El PP, liderado entonces por José María Aznar, la tildó de "tribunales populares" reminiscentes de los excesos revolucionarios, temiendo un "populismo judicial" que diluyera la expertise de los profesionales. Asociaciones de jueces y fiscales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la criticaron por su supuesta falta de rigor técnico y por sobrecargar el sistema con veredictos imprevisibles. El mundo jurídico tradicional, anclado en el modelo napoleónico, vio en el jurado una amenaza a la imparcialidad y eficiencia. En el debate parlamentario de 1995, el PP propuso enmiendas para limitar su ámbito, pero fueron rechazadas por la mayoría socialista.

La ley entró en vigor en noviembre de 1995, y el primer juicio se celebró en 1996 en la Audiencia Provincial de Valencia, por un homicidio. Aquel año, se registraron 56 juicios por jurado en todo el país, con un 75% de sentencias condenatorias. Desde entonces, la institución ha crecido de forma constante, aunque con críticas persistentes. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta 2014 se presentaron 10.407 procedimientos ante el jurado. En las últimas décadas, el ritmo ha aumentado: en 2023 se celebraron 517 juicios, de los que 453 derivaron en sentencia, y en 2024, unos 450. En total, se estima que desde 1995 se han juzgado más de 15.000 casos, con un porcentaje medio de condenas superior al 90%, lo que ha avivado debates sobre su sesgo punitivo. Hasta 2019, se interpusieron 2.946 apelaciones contra veredictos de jurado en los Tribunales Superiores de Justicia, confirmando su consolidación pese a las resistencias iniciales.

Treinta años después

Treinta años después, el jurado regresa al centro del tablero político con el "caso Begoña Gómez". El juez Peinado, instructor de la causa por presunta malversación en la Universidad Complutense (por supuestamente usar recursos públicos para cartas de recomendación a empresas), ha propuesto explícitamente un juicio oral con jurado popular. El delito de malversación, cuando implica corrupción en la Administración, cae en el ámbito competencial del jurado según la ley de 1995.

La reacción de la izquierda ha sido fulminante. El Gobierno ha calificado la propuesta de "estupefacta" y ha cuestionado la imparcialidad del jurado, argumentando que no garantiza un "juicio justo" en un contexto de "persecución política". Ministros como Félix Bolaños han expresado "sorpresa" por remitir un caso de esta envergadura a "ciudadanos sin formación jurídica", insinuando un sesgo mediático que contaminaría el veredicto.

Es el giro copernicano de una izquierda que, en 1995, erigió el jurado como símbolo de progresismo y empoderamiento ciudadano. Mientras los conservadores, que lo combatieron como un "experimento peligroso", lo defienden ahora como garantía de pluralidad, el PSOE parece dispuesto a desmontar su propia herencia para proteger a los suyos. El caso Gómez no solo pone a prueba la solidez de la ley, sino la coherencia de quienes la parieron. ¿Sobrevivirá el jurado a esta prueba de fuego, o será la primera víctima colateral de la polarización judicial? La historia, una vez más, juzgará.