Un experto en Constitucional desmonta a Sánchez: vuelve a incumplir la Constitución con los Presupuestos

Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, ha denunciado en una entrevista concedida a ESdiario que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a incumplir la Constitución Española al no presentar en plazo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Según explica el constitucionalista, el artículo 134.3 de la Carta Magna es claro al respecto: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". En palabras de Murillo: “En estos momentos ya se está incumpliendo la Constitución con respecto a los presupuestos del año 2026”.

Murillo recuerda que no es la primera vez que se vulnera esta obligación. “Realmente llevamos ya incumpliendo la Constitución y el mandato constitucional desde los presupuestos de 2024, que no se aprobaron”, señala. “Recordemos que en el 2025 seguimos teniendo prorrogados los presupuestos de 2023, con lo cual aquí hay un mandato constitucional que es lógico en un modelo parlamentario”.

El profesor subraya que la presentación del proyecto presupuestario es una competencia exclusiva del Ejecutivo: “La Ley de Presupuestos, única y exclusivamente quien la puede presentar a las Cortes como proyecto de ley es el Gobierno. O sea que es una normativa exclusiva y la obligación que tiene el Gobierno es de presentarla”. Y añade: “Esa obligación que tiene y lo que dice tres meses antes de la conclusión del ejercicio es para que el Parlamento tenga tiempo suficiente de aprobar esa norma”.

Para Murillo, el objetivo de esta previsión constitucional es claro: garantizar que los presupuestos estén aprobados antes del 1 de enero del año siguiente. “Lo lógico y normal sería que entraran en vigor el 1 de enero del próximo año. Por lo tanto, aquí hay un incumplimiento claro y determinante por parte del Gobierno de cumplir esa obligación”, afirma.

El profesor advierte además de las consecuencias prácticas de esta situación: “Nos encontramos con un gobierno que su capacidad de actuación política y de decisiones políticas que impliquen gasto público queda muy cercenado y muy limitado”. Explica que la prórroga presupuestaria no permite ejecutar nuevas políticas: “En enero solamente puede gastar una doceava parte del presupuesto que tenía aprobado último. Es decir, hay una limitación importante, no se puede gastar todo de golpe y porrazo”.

Murillo diferencia claramente entre las dimensiones política y jurídica del problema: “Aquí hay que diferenciar dos conceptos, uno político y otro jurídico. El jurídico lo que nos hace es un mecanismo de protección para evitar que no exista Presupuestos Generales del Estado”. Y puntualiza que, aunque la prórroga está prevista como mecanismo de salvaguarda, no sustituye al cumplimiento del deber constitucional: “La Administración pública tiene que seguir funcionando. Pero esa prórroga no es total, se va permitiendo el uso de esos presupuestos por partes”.

Finalmente, el profesor recuerda que esta dinámica de prórrogas sucesivas vulnera el espíritu del sistema parlamentario: “La acción de gobierno es una acción de gasto público y entonces tiene que tener la autorización por parte de las Cortes Generales de poder gastar el dinero”. Sin esa autorización mediante una ley aprobada, concluye, “el Gobierno no puede hacer lo que realmente quiera hacer, que es gastar dinero en beneficio de la comunidad”.