Ruptura total en el Gobierno por Israel y la flotilla: Sánchez evita el choque diplomático y Sumar le acusa de "tibio"
El Gobierno ha contenido el tono en su primera respuesta tras la intercepción por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y en la que viajaban más de medio centenar de españoles, sin querer entrar a valorar la acción del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez durante una rueda de prensa, en el Complejo de La Moncloa.
Nueva muestra de fractura interna en el Gobierno de coalición. La reciente intercepción por parte de Israel de la autodenominada “Global Sumud Flotilla” —con más de medio centenar de ciudadanos españoles a bordo— ha desatado un nuevo choque entre el PSOE y Sumar. Mientras La Moncloa actúa con responsabilidad, evitando entrar en una escalada diplomática y priorizando la protección de los españoles, el ala más radical del Ejecutivo vuelve a desmarcarse con ataques desproporcionados a un Estado aliado como Israel.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Copenhague, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han coincidido en remarcar que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles retenidos, posponiendo cualquier valoración política o legal sobre la actuación del Ejército israelí hasta que se resuelva la situación. “Lo más importante ahora es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan regresar cuanto antes a casa”, ha afirmado Sánchez, con un tono prudente y diplomático.
En línea con esta actitud, el Ministerio de Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada israelí en Madrid, Dana Erlich, para reclamar la liberación inmediata de los españoles y subrayar que se trata de ciudadanos pacíficos. Sin embargo, ni Sánchez ni Albares han querido acusar públicamente a Israel ni valorar si la operación se llevó a cabo en aguas internacionales, conscientes de la complejidad del conflicto y evitando posturas maniqueas que solo alimentan tensiones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una sesión en el Congreso.
Mientras tanto, el buque de acción marítima ‘Furor’ de la Armada española permanece en la zona por razones humanitarias y de protección consular, no para intervenir ni escoltar la flotilla, como algunos sectores radicales exigían. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que el buque seguirá allí hasta que todos los españoles estén fuera de peligro, subrayando que la presencia militar responde a un propósito de seguridad y no a confrontación.
Lejos de esta línea de responsabilidad institucional, Sumar ha aprovechado el incidente para redoblar su discurso radical contra Israel. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado al Ejecutivo de “tibieza” frente a lo que califica de “gobierno criminal” israelí y ha pedido medidas tan extremas como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado hebreo, en plena crisis internacional.
Las propuestas de Díaz no han terminado ahí. En su ofensiva verbal, ha mostrado su rechazo a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos —respaldada por el PSOE— y ha planteado adoptar sanciones unilaterales contra Israel. Una postura que no solo rompe con la estrategia exterior de España y la UE, sino que daña la imagen internacional del país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Otras voces del espacio de Sumar, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han ido más allá, calificando de “piratería” la actuación de Israel y pidiendo incluso la intervención de la Fiscalía. Por su parte, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha equiparado la detención de los activistas con un “secuestro”, en un nuevo ejercicio de hipérbole política.
Desde Podemos, la retórica es aún más incendiaria. Su secretaria general, Ione Belarra, ha exigido que el Gobierno denuncie a Israel ante la Corte Penal Internacional por lo que considera un “crimen de guerra” y un caso de “terrorismo de Estado”. Incluso ha criticado que el buque ‘Furor’ no escoltara a las embarcaciones rumbo a Gaza, ignorando la posición oficial del Ejecutivo y el respeto a la legalidad internacional.
Una vez más, la izquierda radical convierte un asunto de Estado en arma política, cuestionando la política exterior del país, atacando a aliados estratégicos y desafiando los principios básicos de la diplomacia. Frente a la contención del Gobierno y su apuesta por proteger a los españoles sin incendiar la escena internacional, Sumar insiste en imponer su visión ideológica, aunque ello suponga debilitar la imagen de España en el exterior.