La mayoría sanchista del Constitucional da un balón de oxígeno a Puigdemont cuestionando al Supremo

El Tribunal Constitucional ha dado aire a Carles Puigdemont y un nuevo quebradero de cabeza al Tribunal Supremo. En una decisión ajustada y con cuatro votos en contra, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del expresidente catalán para que se le aplique la ley de amnistía.

Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías votaron en contra de la admisión, reflejando una vez más la fractura interna de un tribunal que lleva meses dividido por los grandes asuntos políticos del país.

Junto a Puigdemont, el Constitucional también ha aceptado estudiar los recursos de los exconsejeros Lluís Puig y Antoni Comín, ambos huidos desde 2017. El movimiento judicial supone un balón de oxígeno para el independentismo y un serio revés para la tesis del Supremo, que en julio concluyó que la amnistía no podía aplicarse al delito de malversación.

Llarena no cedió

El magistrado Pablo Llarena, encargado de la instrucción del procés, fue claro en su auto: los actos de disposición del dinero público “estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal” y, por tanto, quedaban fuera del paraguas de la amnistía. Mantuvo por ello la orden de detención nacional contra Puigdemont.

La Sala de lo Penal del Supremo refrendó su criterio en una resolución posterior aún más contundente:

“Hicieron con el patrimonio ajeno lo que no pudieron o no quisieron hacer con su propio patrimonio”.

Una frase que marcó el pulso judicial y que ahora el Constitucional podría revisar.

Maniobras y recusaciones

Antes de llegar a este punto, Puigdemont intentó recusar a tres magistrados conservadores —Espejel, Arnaldo y Macías—, acusándolos de falta de imparcialidad. La maniobra retrasó la admisión del recurso durante semanas. Finalmente, el 23 de septiembre, el tribunal rechazó las recusaciones, dejando vía libre para la decisión de este martes.

Con la admisión, el Constitucional no entra todavía al fondo del asunto, pero abre la puerta a revisar el criterio del Supremo, lo que podría tener un efecto político explosivo. Si el tribunal de garantías diera la razón a Puigdemont, la orden de detención nacional podría quedar anulada, allanando el camino para su regreso a España sin riesgo de arresto.

Tensión entre los tribunales y aire para el independentismo

La resolución vuelve a tensar la relación entre el Supremo y el Constitucional, ya enfrentados por la interpretación de la ley de amnistía. Al mismo tiempo, el paso se interpreta como una victoria moral del independentismo, que ha celebrado la decisión como un respaldo a su estrategia de desgaste institucional.

Desde la oposición, la lectura es muy distinta: consideran que el Constitucional se está politizando al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ley de amnistía ha reabierto viejas heridas entre los poderes del Estado.

Un fallo con peso político

La admisión del recurso no significa que Puigdemont tenga la amnistía garantizada, pero sí que el Constitucional ha decidido revisar la interpretación del Supremo, lo que ya de por sí tiene una enorme carga simbólica.

A partir de ahora, el tribunal estudiará los argumentos del expresidente y decidirá si la amnistía puede cubrir la malversación vinculada al procés. Un pronunciamiento favorable no solo reconfiguraría el mapa judicial, sino que podría tener efectos inmediatos en la política nacional, justo cuando el Gobierno depende del apoyo de Junts en el Congreso.