El Supremo abre causa penal contra Alvise Pérez por acoso y revelación de secretos a eurodiputados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha iniciado un procedimiento penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como ‘Alvise’, por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso hacia dos eurodiputados que concurrieron con él en las elecciones europeas de 2024 bajo la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta y que, tras ser elegidos, se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos. El magistrado Manuel Marchena ha sido designado como instructor, conforme al turno establecido.

El tribunal ha admitido a trámite la querella presentada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco contra Pérez Fernández el 27 de junio de 2025, considerando que, en concordancia con el informe del Ministerio Fiscal, existen indicios de criminalidad relacionados con estos dos delitos, lo que justifica la apertura de un nuevo procedimiento, el cuarto que enfrenta Pérez Fernández en el Tribunal Supremo.

En su resolución, la Sala señala que los eurodiputados denunciaron ser víctimas de una constante campaña de hostigamiento a través de redes sociales, derivada de los mensajes publicados por ‘Alvise’ en un podcast y en un canal de Telegram. Además, afirmaron haber sentido temor por su seguridad física debido a la revelación de su ubicación o destinos.

Indicaron que, tras la filtración de sus correos electrónicos, números de teléfono y cuentas en redes sociales, recibieron "una ingente cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes", según describe la querella, acompañada de la documentación correspondiente. Esto los llevó a experimentar "una continua sensación de inseguridad", lo que les obligó a cambiar sus rutinas, cerrar algunas redes sociales, restringir comentarios de terceros en las que mantuvieron y evitar atender llamadas de números desconocidos, afectando significativamente su labor parlamentaria y su vida familiar. En el caso de Nora Junco, incluso tuvo que cambiar su número de teléfono.

Asimismo, los denunciantes manifestaron que la gestión de sus correos electrónicos, tanto personales como profesionales, se volvió impracticable debido a la recepción de "miles de ellos" ("cientos diarios") con insultos y amenazas, lo que les obligaba a filtrar minuciosamente los mensajes para identificar los relevantes, perdiendo en ocasiones correos importantes. Todo esto generaba un constante estado de miedo e intranquilidad ante la posibilidad de ser abordados en la vía pública por desconocidos.

El tribunal considera que los hechos denunciados, respaldados por la documentación aportada, sugieren indiciariamente, en esta fase inicial del proceso, que las acciones de Pérez Fernández podrían encajar en los delitos señalados. Esto se basa en las "explícitas llamadas" del querellado, tanto en el podcast como en el canal de Telegram que lleva su nombre y que, según indicios, él gestiona, incitando a un numeroso grupo de seguidores a adoptar una actitud hostil hacia los denunciantes.

La Sala también estima que existe evidencia preliminar de que Pérez Fernández pudo haber divulgado datos personales e identificativos de los denunciantes, lo que podría encuadrarse en el artículo 197 del Código Penal. Estas acciones habrían persistido incluso después de que sus seguidores manifestaran intenciones de perturbar la vida cotidiana de los denunciantes, reiterando llamamientos para hostigarlos en respuesta a su postura política, lo que indiciariamente refleja "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas" mediante la persecución de un amplio grupo de personas movilizadas por su llamamiento público.