El caso EMSULE – Levantina: cuando el suelo público se convierte en liquidez privada
El empresario José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción, llega al Tribunal Supremo a declarar por el caso Koldo
Entre 2021 y 2023, el Ayuntamiento de Leganés, gobernado entonces por el PSOE, llevó a cabo una serie de decisiones que hoy generan dudas jurídicas y éticas sobre la gestión del patrimonio público del suelo. Un modelo que, lejos de ser excepcional, parece repetirse en diferentes municipios de España.
De suelo público a activo financiero
En febrero de 2021, el Ayuntamiento de Leganés cedió gratuitamente tres parcelas del sector Poza del Agua (PP-5) a su empresa pública EMSULE S.A.U., con el fin declarado de construir viviendas sociales en alquiler. El proyecto quedó paralizado tras un recurso contencioso-administrativo de los vecinos, que impugnaron el cambio de uso urbanístico.
Tras la demanda, el Ayuntamiento de Leganés decidió no construir dichas viviendas y EMSULE decidió en 2022 vender esas mismas parcelas a promotores privados, obteniendo liquidez con bienes públicos cedidos gratuitamente. Según la versión oficial, los ingresos se destinarían a financiar la construcción de viviendas protegidas en otro ámbito: el Plan Parcial 4 “Puerta de Fuenlabrada”.
El dinero acaba en un contrato bajo sospecha
En 2023, EMSULE adjudicó la construcción de 108 viviendas del PP-4 (Lote 3) a Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L., por un importe de 15,9 millones de euros. La adjudicación se firmó un mes antes de las elecciones municipales, durante el mandato socialista, y posteriormente se reconocieron pagos de más de 2 millones de euros a la constructora pese a que la obra no llegó a ejecutarse. Levantina fue declarada en concurso de acreedores en 2024 y figura en informaciones relacionadas con la presunta trama Koldo/Cerdán.
Posible desviación de finalidad del patrimonio público
Según varias fuentes jurídicas consultadas, esta secuencia podría constituir una 'desafectación encubierta' del Patrimonio Público del Suelo: el Ayuntamiento transfiere gratuitamente suelo municipal a una sociedad mercantil pública, EMSULE lo vende a privados, y el dinero termina financiando un contrato bajo sospecha. Si los fondos no fueron reintegrados formalmente al Patrimonio Público del Suelo, se estaría vulnerando la obligación legal de mantener el destino social y finalista de estos bienes, prevista en la Ley del Suelo estatal y autonómica. En la práctica, un bien público se transforma en capital privado de libre disposición, fuera del control directo del Pleno municipal.
Un patrón que trasciende Leganés
Este modelo de gestión —convertir el suelo público en liquidez— no es exclusivo de Leganés. En numerosos ayuntamientos españoles, las empresas municipales actúan como intermediarias financieras: convierten patrimonio público en recursos propios y los destinan a proyectos cuya trazabilidad económica y jurídica resulta opaca. El resultado es que el suelo público, en lugar de servir a la política social, se convierte en una moneda de cambio presupuestaria.
Transparencia y control: la gran asignatura pendiente
El caso EMSULE-Levantina pone de manifiesto un problema estructural en la administración local: la falta de control sobre el destino de los bienes del Patrimonio Público del Suelo y de las sociedades municipales. Cuando los bienes comunes se gestionan como activos empresariales, el riesgo de desvío, opacidad o incluso corrupción se multiplica.
La transparencia no es una opción, es una obligación democrática. El patrimonio público pertenece a la ciudadanía, no a los gobiernos de turno ni a sus instrumentos societarios. Cada vez que un metro cuadrado de suelo público se transforma en liquidez opaca, se erosiona la confianza en las instituciones.