Juez protege identidad de testigo que podría absolver a Pablo Ibar tras 31 años
Un juez en Florida autorizó ocultar la identidad de un testigo que señala a dos individuos como verdaderos autores del triple homicidio de 1994, lo que podría absolver a Pablo Ibar, condenado a perpetua tras 31 años de prisión.
Pablo Ibar.
El magistrado encargado del expediente de Pablo Ibar, sentenciado por un triple homicidio perpetrado en 1994 en Florida (Estados Unidos), ha autorizado preservar en reserva la identidad de un testigo reciente que ha señalado a dos individuos como los auténticos autores del delito que llevó a la condena de Ibar, lo cual lo absolvería.
Andrés Krakenberger, representante de la organización 'Pablo Ibar-Juicio Justo', ha detallado esta actualización en el proceso de Pablo Ibar, quien permanece encarcelado en Florida cumpliendo prisión perpetua.
Han transcurrido 31 años desde el asesinato del propietario de un local nocturno y de dos modelos, crímenes por los que Ibar, preso hispanoestadounidense de ascendencia vasca, resultó condenado y de los que siempre ha afirmado su inocencia.
El equipo defensor de Ibar deposita sus expectativas en este testigo emergente, alguien que contactó con ellos para indicarles que los verdaderos responsables fueron otros dos sujetos.
El testigo clave es un individuo desconocido para Pablo Ibar, con quien nunca ha intercambiado palabras, y que reside en la actualidad en un país tercero, distinto de Estados Unidos y España, motivo por el cual no había tenido noticia del asunto hasta el momento, en que se informó y se comunicó con la defensa de Ibar.
El juez ha consentido ocultar su identidad y la de los dos presuntos culpables, tal como solicitaba la defensa de Ibar para prevenir venganzas o la fuga de los implicados.
La defensa ha enfatizado que la acusación se resistió a mantener el anonimato, pese a que hasta ahora en este procedimiento predominaban invariablemente las posiciones del Estado.
El juez ha de resolver ahora si prosigue con la investigación o rechaza las demandas de la defensa. De avanzar, el siguiente procedimiento consistiría en citar a una audiencia a la que deberá presentarse el testigo decisivo, quien enfrentará un minucioso cuestionamiento.
El caso de Pablo Ibar
Los conocidos como “crímenes de Miramar” tuvieron lugar la mañana del 26 de junio de 1994. Ese día, dos intrusos entraron por la fuerza en la casa de Casimir Sucharsky, dueño de un local nocturno del área. En la vivienda también estaban dos mujeres jóvenes: Marie Rogers y Sharon Anderson.
Abogado Pablo Ibar, Joe Nascimento.
El proceso se celebró tres años más tarde y quedó sin veredicto por falta de consenso del jurado. En abril de 2000 se realizó el segundo juicio, con una defensa “totalmente ineficaz” del letrado de entonces, según Pablo Ibar Juicio Justo. “Ni siquiera presentó los peritajes que tenía pagados y preparados para el juicio”, indica la asociación. Junto al vídeo, otra evidencia contra Ibar fue la declaración de un tal Gary Foy, quien aseguraba haberlo visto escapar del lugar de los hechos. De acuerdo con la asociación Pablo Ibar Juicio Justo, “la defensa siempre ha sostenido que fue un testigo inducido y pagado por la Policía”.
Aun así, tanto Pablo Ibar como Seth Penalver fueron condenados a la pena capital. Tras la denuncia de Ibar contra su primer abogado, el Tribunal Supremo de Florida autorizó la repetición del juicio al considerar que el acusado había recibido una defensa “ineficaz”. En este tercer proceso, la fiscalía presentó como prueba novedosa muestras de ADN halladas en la camiseta encontrada en el escenario.
“Una manchita mínima de ADN de Pablo, con una coincidencia parcial”, explica Krakenberger, quien mantiene que pudo deberse a contaminación en el laboratorio. Al final, el jurado sentenció a Ibar a prisión perpetua en 2019. En la actualidad, una de las labores de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo consiste en reunir fondos para sufragar los procedimientos judiciales de Ibar. “Si no es por ese apoyo, Pablo Ibar estaría muerto porque le habrían ejecutado”, afirma Krakenberger. La asociación estima los próximos costes legales en unos 300 euros, aunque hasta ahora se han invertido alrededor de 1,3 millones.