EN DIRECTO | Mazón lamenta su cita en El Ventorro y defiende a Vilaplana: "Una profesional a la que intentan arruinarle la vida"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este martes que el fallo técnico registrado durante unas horas en el sistema Cometa, encargado de proteger mediante pulseras telemáticas a las víctimas de violencia machista, no dejó desprotegida a ninguna mujer, ya que se activaron y cumplieron los protocolos de seguridad establecidos.

En un vídeo difundido a los medios desde la propia sala de control del sistema, Redondo explicó que, pese a la incidencia técnica, los mecanismos de seguridad funcionaron correctamente y no hubo situaciones de riesgo para las víctimas. La ministra lanzó un mensaje de tranquilidad, señalando que el sistema ya se encuentra “estabilizado” y que los datos “vuelven a recibirse en tiempo real”, mientras los equipos técnicos continúan trabajando para restablecer por completo el servicio.

“Ninguna víctima ha quedado desprotegida durante estas horas de crisis”, insistió Redondo, quien destacó que un equipo multidisciplinar ha supervisado en todo momento la situación. Aunque el problema ha afectado temporalmente al funcionamiento tecnológico del sistema, la titular de Igualdad subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizaron la seguridad de las mujeres protegidas. Además, las afectadas fueron informadas en todo momento sobre la incidencia.

El origen del fallo, detalló el ministerio, estuvo en un enrutador encargado de distribuir los mensajes según el tipo de alerta. Este error provocó que un 10 % de los mensajes generara incidencias recurrentes que acabaron sobrecargando el sistema.

España

Otro fracaso del Ministerio de Igualdad: se vuelve a caer el sistema de pulseras antimaltrato

Alba Molina López

"Van juntos, de la mano, poniendo palos en las ruedas y también poniendo zancadillas al futuro de nuestra tierra. Fingen estar enfrentados, pero acaban siempre unidos atacando al Partido Popular, votando lo mismo y usando la misma táctica", ha concretado.

En este sentido, ha expresado que el PSOE tiene el interés de "sostener" los "despropósitos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Vox tiene el interés de "atacar" al PP. "Los dos, aunque tienen intereses distintos, comparten el mismo objetivo, torpedear los presupuestos y, por tanto, torpedear el futuro de nuestra tierra", ha insistido.

Al respecto, ha asegurado que el PP no lo consentirá. "Si no es ahora, será en las urnas en el mes de marzo. Ahí nos veremos, en un sitio o en otro", ha apostillado. Al mismo tiempo, ha apuntado que ya se verá qué ocurre en el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad. "Veremos si actúan con responsabilidad o están pensando en sus intereses partidistas", ha agregado.

Mañueco ha destacado que el PP está liderando la transformación de Castilla y León para ello ya ha dado el primer paso "real" con los presupuestos de la Comunidad, que no suponen un trámite administrativo "normal", sino que son la expresión de la citada "ambición colectiva".

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado que él no retrasó el envío del ES-Alert el día de la dana, que recibió la población de la zona afectada a las 20.11 horas, ni nadie le "pidió permiso" para hacerlo ni para adoptar "ninguna decisión del Cecopi; ni sobre ningún aviso, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo". "¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?", se ha preguntado.

"Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud, no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas [exconsellera de Interior], esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde".

Así lo ha manifestado este martes por la tarde durante su primera intervención en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana, que arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el 29 de octubre de 2024. Mazón es el primer político en comparecer en esta comisión, por la que de momento solo han pasado expertos y técnicos.

Durante su comparecencia, Mazón ha defendido que el Consell ha asumido "responsabilidades políticas" por la dana, la última en su caso con su dimisión de la semana pasada. Por contra, ha vuelto a criticar la falta de información de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Aemet y ha exigido asunción de responsabilidades y explicaciones por parte del Gobierno.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "presuntamente delinquió siguiendo órdenes del Palacio de la Moncloa" y ha recalcado que "es una falta de respeto" que el presidente del Gobierno, al afirmar que es "inocente", "adelante un veredicto" para "defender" al jefe del Ministerio Público.

"Hoy España es una anomalía mundial al tener en el banquillo a quien debería ser el principal promotor de la acción de la justicia. Somos una anomalía mundial, por mucho que Sánchez pretenda normalizarlo", ha declarado Tellado. Todo ello después de que Pedro Sánchez asegurase este fin de semana en el diario 'El País' que el fiscal general es "inocente" y "más aún tras lo visto en el juicio", Tellado ha indicado que esa entrevista "es una colección de embustes". "Es la antología de la mentira. Volumen infinito. En eso Sánchez no tiene precio", ha manifestado.

El periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos ha negado este martes haber recibido del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el correo que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero de 2024 al departamento de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel.

"¿Esa fuente a la que hace referencia es el fiscal general?", le ha preguntado la Fiscalía. "No", ha contestado Campos en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, quien se enfrenta a penas de seis años de prisión y doce años de inhabilitación por un presunto delito de relevación de secretos.

Campos ha insistido en que llegó a ver el contenido del correo pasadas las 15.34 horas del 13 de marzo. Según las pesquisas, García Ortiz no tuvo acceso a la cadena de correos intercambiados entre la defensa y el fiscal del caso, Julián Salto, hasta las 21.59 horas.

El periodista se ha acogido en todo momento a su derecho constitucional a no revelar a sus fuentes y ha explicado que vio el correo del 2 de febrero en su integridad y que tomó los apuntes necesario porque no se le permitió ni hacer fotos ni sacar copia del documento. No obstante, ha precisado que una vez que abandonó el despacho de su fuente ésta le pidió que no publicase la información.

El fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, ha sostenido este martes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenía "la facultad" de borrar la información que albergaban sus dispositivos, si consideraba que la información sensible que contenían peligraba, porque era el "responsable" de la misma. Cabe recordar que García Ortiz aludió a un borrado cíclico de seguridad el hecho de que no hubiera rastro de mensajes que podían esclarecer muchas aristas del caso.
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​Hidalgo de Murillo, que ha sido objeto de un extenso interrogatorio por parte de la acusación particular que ejerce González Amador, ha explicado, precisamente a preguntas del abogado de éste, Gabriel Ramos, que la normativa interna permite "destruir la documentación y los dispositivos en desuso". El letrado ha querido saber si el usuario puede elegir entre "devolver o destruir", a lo que el fiscal ha respondido afirmativamente, si bien ha apostillado que los usuarios no solo son responsables de dichos efectos sino de "lo que es más importante, responsables de los datos que contienen".

"Por tanto, si el usuario no confía en que esos datos no vayan a a ser adecuadamente borrados o suprimidos tiene la facultad (..), entiendo yo, (..) de destruirlos. Somos responsables", ha recalcado Hidalgo de Murillo. Y ello, ha incidido, porque son "más importantes" los datos que guardan que "un dispositivo que ya no tiene valor en el mercado y que va a ser desechado".