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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, y será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tarde, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Una mujer que permanecía en estado crítico desde el pasado 18 de octubre, tras ser presuntamente agredida por su pareja en el distrito barcelonés de Sant Martí, ha fallecido a causa de las graves lesiones sufridas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra. El presunto agresor, un hombre de 30 años, fue detenido poco después de los hechos y, tras ser puesto a disposición judicial, ingresó en prisión provisional.

No era la primera vez que el detenido había ejercido violencia contra la víctima. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que ya a finales de agosto fue arrestado por una agresión previa, denunciada por un testigo. El juzgado de guardia de Badalona impuso entonces una orden de protección y de incomunicación para la mujer, pese a que ella no quiso declarar contra su pareja.

A raíz de aquella agresión, la causa quedó abierta por un delito de maltrato. El 18 de octubre, la mujer volvió a ser atacada y fue encontrada en estado crítico en una calle de Sant Martí, siendo trasladada de inmediato a un hospital. La Unidad de Investigación de los Mossos del distrito asumió el caso y detuvo el día 19 al presunto autor por quebrantar la orden de alejamiento y por la nueva agresión.

En concreto, les ha trasladado que es "firme" el compromiso de su partido en "culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales", según ha informado el PP en un comunicado. Al encuentro, que se ha celebrado en las dependencias del Grupo Popular en el Congreso, han acudido más de una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. Feijóo ha estado acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior en la Cámara Baja, Ana Vázquez.

Durante la reunión, el presidente del PP les ha informado, entre otras cuestiones, de las iniciativas para "mejorar sus condiciones" adoptadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que "están bloqueadas en el Congreso", según el partido. En concreto, Feijóo se ha referido a la que endurece las penas a los narcotraficantes que atentan contra los agentes que se juegan la vida, así como a la Ley Antiokupación para desalojar a los 'okupas' en 24 horas.

Además, ha hecho referencia a la iniciativa para incluir a los miembros de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.

También les ha informado sobre el plan de inmigración presentado por el PP, consciente del necesario papel que desempeñan en el control de las fronteras y de los recursos que precisan para ejercerlo de forma efectiva y luchar contra las mafias que trafican con personas, ha añadido el PP.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reafirmado que el Gobierno regional no establecerá un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, tal y como exige la ministra de Sanidad Mñonica García. Matute ha dejado claro que será la Justicia, y no las imposiciones del Ministerio, quien determine si esa medida debe aplicarse.

“La Comunidad de Madrid defiende un aborto legal, seguro y poco frecuente, pero no vamos a permitir que se señale o se persiga ni a las mujeres que abortan ni a las que no, ni a los profesionales que practican interrupciones voluntarias del embarazo ni a los que ejercen su derecho a no hacerlo”, ha subrayado la consejera.

Matute ha insistido en que el Gobierno regional opta por la seguridad jurídica antes que por lo que calificó como presiones de un “Gobierno sectario” que, según dijo, actúa sin tener en cuenta a la ciudadanía. “Con la Constitución en la mano, vamos a proteger la libertad de objeción de conciencia y todos los artículos que amparan a nuestra población”, recalcó.

Estas declaraciones llegan justo el día en que vencía el plazo de un mes otorgado por el Ministerio de Sanidad para que Aragón, Madrid y Baleares pusieran en marcha un registro de profesionales que rechazan practicar abortos en la sanidad pública.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha insistido en que entre su partido y el Gobierno no existe ninguna relación, ni diálogo y en que votará en contra de las leyes que presenten tras haber roto las relaciones el pasado 30 de octubre. "Romper, para nosotros, quiere decir romper. No hay diálogo, no hay negociación, no hay relación, no hay absolutamente nada", ha aseverado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Al hilo, ha incidido en que Junts votará que "no a las leyes que tiene presentadas el Gobierno" y ha recordado que esta decisión se debe a que el Ejecutivo "no ha cumplido" con sus compromisos, entre los que recuerda que los enfermos de ELA "aún no han recibido ayudas".

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La actriz ha denunciado que "durante meses" ha sido "objeto de bulos, ruido y campañas" para desacreditarla, soportando "una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar". El procesamiento de Errejón evidencia, en su opinión, que "ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas" y "la solidez" de su testimonio. "La justicia ha decidido avanzar porque los hechos merecen ser valorados ante un tribunal", ha afirmado en declaraciones recogidas por EP.

Mouliaá ha resaltado que en España "el consentimiento es un principio legal incuestionable" y que "'solo sí es sí' no es un lema" únicamente, sino "un marco que protege, que aporta claridad y que sitúa los derechos de las víctimas en el centro". "Y es a la justicia --no a la propaganda-- a quien corresponde valorar esos hechos", ha añadido.

"El poder puede financiar relatos, pero no puede alterar la realidad procesal. La verdad ni se compra ni se intimida. Resiste, avanza y, cuando llega el momento, se abre paso con fuerza. Este procesamiento es la prueba de que nadie está por encima del escrutinio judicial", ha concluido.

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Fuentes de la defensa de Errejón consultadas por Europa Press han recriminado que el juez instructor "omite el contenido de las pruebas documentales de descargo aportadas y les resta importancia".

"El auto ignora el resultado de las pruebas practicadas durante la fase de instrucción, que han desmontado, punto por punto, la versión de Mouliaá; y las reinterpreta de forma alejada de la realidad, en contra de lo declarado por Errejón, que ha sido avalado por todos los testigos y documentos aportados a la causa", han indicado. A su entender, la resolución "justifica, de forma incomprensible e insólita, las contradicciones de Mouuliá en sedes policial y judicial, que desvirtúan los requisitos de la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación".

Desde su defensa han señalado que el juez "ignora lo declarado por los testigos imparciales que han declarado en fase de instrucción, y que estuvieron presentes en la fiesta, y se apoya únicamente en los testigos de parte (familiares de Mouliaá), propuestos por la denunciante, que no estuvieron presentes en la misma".