Cerdán y Ábalos se presentan como víctimas de la fiscalía y la UCO a pesar de las evidencias

En menos de 24 horas, dos de los principales señalados en el caso Koldo han vuelto a escena con el mismo guion: victimismo y ataque a las instituciones que les investigan. Santos Cerdán abandonó este miércoles la prisión de Soto del Real tras casi cinco meses en preventiva y José Luis Ábalos respondió por escrito a la petición de 24 años de cárcel que Anticorrupción ha presentado contra él. Ambos, en lugar de asumir responsabilidades, optaron por presentarse como perseguidos.

Cerdán, que salió en libertad sin fianza pero con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales, apenas pronunció unas frases ante los periodistas: “Se están dando muchas mentiras y muchas manipulaciones” con los informes de la UCO y confió en que “la verdad se imponga”. Sin embargo, el propio auto del magistrado Leopoldo Puente que le ha puesto en libertad desmiente su relato: los indicios contra él no solo no se han debilitado tras casi cinco meses de prisión provisional, sino que, según admite el instructor, se han “reforzado en buena medida” gracias a la investigación de la UCO. 

Los informes de la Guardia Civil sitúan al ex número tres del PSOE como presunto dueño del 45 % de Servinabar, empresa que habría recibido el 2 % neto de las adjudicaciones logradas en UTE con Acciona a cambio de comisiones ilegales, convirtiéndose esa relación en la principal fuente de ingresos de la sociedad (el 75,33 % de sus abonos). Además, la UCO documenta que tanto Cerdán como su entorno familiar se beneficiaron directamente mediante nóminas ficticias, alquileres de inmuebles y el uso de una tarjeta de crédito de la empresa, mientras se abren nuevas líneas de investigación sobre su patrimonio y posibles amaños adicionales en obra pública.

El exministro de Transportes habla de "espiral de indefensión"

Horas después, Ábalos publicó un mensaje en X cargando contra el escrito de acusación del fiscal Alejandro Luzón. El exministro habla de “espiral de indefensión”, acusa al Ministerio Público de una “exagerada reclamación de delitos y penas” y asegura que la petición de 24 años de cárcel responde a una “estratégica petición de vistilla” para forzarle a “una conformidad ante la falta de evidencias reales”. Pero la realidad que dibuja Anticorrupción es bien distinta: sitúa a Ábalos como “el jefe” de una organización criminal con “vocación de permanencia” que, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, se habría dedicado durante años a amañar contratos públicos a cambio de comisiones con “ánimo de enriquecimiento”. 

El fiscal le atribuye cinco delitos graves –pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada– y solicita para él 24 años de prisión, la pena más alta de los tres acusados. Anticorrupción sostiene que Ábalos aportaba “la autoridad” de su cargo como ministro de Transportes y utilizaba a Koldo como “hombre de confianza” para ejecutar las operaciones, mientras Aldama captaba empresas dispuestas a pagar mordidas a cambio de adjudicaciones.

Ábalos y Koldo pueden ir a prisión este jueves: vistilla en el Supremo para decidirlo

Lejos de conformarse con la petición de pena, la Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso más y, en el mismo escrito, ha solicitado expresamente al Tribunal Supremo que celebre una vistilla para revisar y endurecer las medidas cautelares que ambos tienen actualmente (prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El Ministerio Público considera que, tras calificar los hechos como pertenencia a organización criminal y atribuirles ganancias ilegales de cientos de miles de euros, existen ahora motivos suficientes para agravar esas cautelares o incluso decretar prisión provisional, algo que el instructor Leopoldo Puente descartó hace apenas un mes.

Fuentes jurídicas consultadas por ESdiario recuerdan que la prisión de Cerdán se mantuvo durante meses por riesgo de destrucción de pruebas y que la petición de 24 años contra Ábalos responde a cinco delitos graves con pruebas que, según los propios autos judiciales, no han hecho sino reforzarse con el avance de la investigación. Lejos de asumir los hechos, los dos exdirigentes socialistas optan por la misma estrategia: presentarse como víctimas de un supuesto complot judicial y policial mientras los indicios en su contra se consolidan día a día.