El juicio de David Sánchez y Gallardo en el aire: La Audiencia acepta tramitar la recusación de tres magistrados

La investigación por presuntas irregularidades en la Diputación de Badajoz entra en una fase decisiva tras la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de tramitar los incidentes de recusación presentados contra los magistrados designados para juzgar la causa. La resolución, formalizada mediante diligencia de ordenación por la letrada de la Administración de Justicia, afecta directamente al tribunal que debía sentar en el banquillo a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y al resto de imputados por supuestos delitos de corrupción.

Este nuevo escenario no solo introduce incertidumbre en el desarrollo del procedimiento, sino que coincide con un momento especialmente sensible para Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y actual dirigente socialista, que afronta las próximas elecciones autonómicas bajo la sombra de un proceso con evidente impacto político y mediático.

Gallardo, una figura clave en la causa

Gallardo figura entre los principales encausados por su presunta implicación en la creación y adjudicación del puesto que ocupó David Sánchez dentro de la estructura provincial. Sobre él pesan acusaciones relacionadas con posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y nombramiento irregular, lo que convierte su situación judicial en un factor determinante en plena precampaña electoral.

Dudas sobre la objetividad del tribunal

Diversos encausados en el procedimiento seguido por presuntas irregularidades en la Diputación de Badajoz han formalizado la interposición de incidentes de recusación contra los magistrados designados para conocer y enjuiciar la causa. Entre ellos figura David Sánchez, quien se ha adherido a la petición promovida con anterioridad por la representación legal de Juana Cinta Calderón, funcionaria igualmente investigada en las presentes diligencias.

A dicha iniciativa procesal se han sumado otros acusados con responsabilidades orgánicas dentro de la institución provincial, concretamente Francisco Martos Ortiz, alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura; Manuel Candalija Valle, director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional; y Emilia Parejo Gala, coordinadora de Igualdad de la Diputación de Badajoz.

Todos los incidentes interpuestos persiguen la separación del tribunal de los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo, al considerar las defensas que su intervención previa en resoluciones sustantivas del procedimiento podría comprometer el principio de imparcialidad objetiva exigido por el ordenamiento jurídico, afectando a las garantías del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías recogido en el artículo 24 de la Constitución.

El juicio, pendiente de la decisión final

La vista oral ante la Audiencia Provincial de Badajoz se mantiene señalada, de forma provisional, para el 9 de febrero de 2026, si bien su efectiva celebración queda supeditada a la resolución del incidente de recusación actualmente en trámite. Dicho mecanismo procesal, regulado en los artículos 219 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los artículos 54 a 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el supuesto de que la recusación fuera estimada, los magistrados afectados deberán ser separados formalmente del conocimiento de la causa, procediéndose conforme a derecho a la designación de una nueva composición del tribunal. Ello implicaría necesariamente la reprogramación de la fecha señalada para la vista y la alteración del calendario procesal, quedando en suspenso la fase de enjuiciamiento hasta que recaiga resolución firme sobre dicho incidente.