Rapapolvo de la presidenta de APM a Bolaños cara a cara por defender los ataques de Sánchez a los jueces: no es discrepar, es intromisión

Sigue la tensión entre el Gobierno y la justicia. Este viernes se ha añadido otro capítulo a este enfrentamiento que de un tiempo a esta parte se viene produciendo. Concretamente desde que planean sobre personas cercanas a Pedro Sánchez asuntos judiciales y la justicia hace su trabajo. Para defenderse, Moncloa y Ferraz van con un relato claro: las decisiones judiciales que les afectan sobre estos casos están politizadas. 

Es por ello que la mayoría de asociaciones de jueces han ido levantando la voz estos meses, siendo esta vez protagonista la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria entre los jueces-, que ha denunciado en un comunicado los “graves ataques y descalificaciones” de Pedro Sánchez contra el Tribunal Supremo. Precisamente el ministro Félix Bolaños ha acudido a la clausura del Congreso Nacional de la asociación para tratar de contener el incendio… y salió abrasado.

Porque no fue un discurso ante un público complaciente. Fue un choque frontal. Una especie de cara a cara incómodo. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, había hablado antes que él. Y su mensaje fue tan directo como el comunicado: las afirmaciones “categóricas” de Sánchez sobre la culpabilidad en un procedimiento (el del Fiscal General) aún en deliberación por el Supremo solo pueden calificarse como una “intromisión” y una ruptura del “deber de respeto” que el presidente debería observar. No hubo equívocos. 

Del Barco puso sobre la mesa lo que la carrera judicial entera lleva días denunciando. Además le ha recriminado cara a cara que no atienda a sus peticiones: "Tú dices que nos escuchas, per me temo que nos oyes, pero no nos escuchas". También dejándole claro que las reformas que están llevando a cabo desde el Gobierno parecen tener un objetivo y tienen un efecto: controlar a los jueces. 

Cuando le tocó intervenir, Bolaños intentó apagar el incendio negando la realidad: “En democracia se puede discrepar de una sentencia, con respeto, y es lo que hace el presidente del Gobierno y lo que hago yo”. Una frase que buscaba suavizar el ataque, pero que evitaba deliberadamente lo esencial: que Sánchez no se limitó a discrepar, sino que adelantó públicamente la inocencia del fiscal general cuando el Supremo aún estaba juzgando el caso. Eso, según la APM, es una intromisión sin paliativos.

Bolaños, consciente del ambiente hostil (ya le pasó con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial) trató de presentarse como una voz razonable: “Vengo para ser escuchado”, dijo, intentando rebajar el tono. Pero su discurso tenía el propósito claro de desmentir lo dicho por Del Barco, cuestionar la legitimidad de la crítica judicial y justificar la postura del Ejecutivo.

Insistió una y otra vez: “Es perfectamente legítimo acatar una sentencia y mostrar disconformidad. Es un ejercicio democrático”. Como si la crítica al Gobierno se redujera a eso. Como si la APM no hubiera explicado con precisión que el problema no es la discrepancia, sino la desautorización pública del Supremo y la injerencia directa en un procedimiento en curso.

El ministro también ha defendido las reformas judiciales del Gobierno (también criticadas por los miembros de la carrera), asegurando que ninguna “afecta al Estado de Derecho, a la separación de poderes ni a la independencia judicial”, y justificándolas por unas supuestas “décadas de inacción”. Un discurso ya conocido que, sin embargo, choca con el malestar creciente dentro de la carrera judicial, que ve en estas medidas un intento de controlar el sistema por la puerta de atrás.

Si algo ha quedado claro es que el choque entre el Gobierno y la Justicia alcanza cotas casi de crisis institucional. Y que, frente al intento de Bolaños de reescribir lo ocurrido, la APM —y especialmente su presidenta, María Jesús del Barco— no piensan ceder un milímetro.