El Constitucional de Conde-Pumpido sigue al servicio de Sánchez y a Ayuso no le sorprende en absoluto: "¿Qué esperaban?"

De todo menos sorprendente. Isabel Díaz Ayuso ha recibido la noticia de que el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía como quien confirma algo que se esperaba debido a su composición de mayoría progresista y su presidente, Cándido Conde-Pumpido, fiel 'sanchista'.

La decisión del Constitucional desestima el recurso madrileño igual que antes había hecho con los presentados por otras comunidades del PP: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León. La corte se aferra a la doctrina fijada el pasado junio, cuando avaló el grueso de la polémica ley que borra una década de delitos ligados al procés catalán.

El tribunal sostiene que la amnistía no está prohibida por la Constitución, que perseguiría una “finalidad legítima” y que responde, como toda ley, a “criterios de oportunidad política”. Incluso llega a asegurar que su “porqué es jurídicamente indiferente”, aceptando que una medida tan excepcional pueda justificarse en aras de una supuesta “paz ciudadana”. Un argumento que el Ejecutivo de Sánchez ha utilizado desde el principio para presentar la norma como una herramienta de convivencia y no como el precio político exigido por los independentistas para sostener al Gobierno.

Ayuso, sin embargo, insiste en la lectura contraria: el Constitucional, bajo dirección de Conde-Pumpido, actúa como última muralla institucional del sanchismo, encargada de garantizar la supervivencia jurídica de probablemente la ley más polémica de la legislatura. Y su reacción, lejos de la resignación, volvió a ser una declaración de principios.

La presidenta madrileña sabe perfectamente que el órgano de garantías estaba alineado con Moncloa y que su recurso difícilmente prosperaría. Y más viendo los precedentes con el resto de Comunidades. A pesar de todo, Ayuso mantiene su estrategia: denunciar lo que considera un uso partidista del Constitucional mientras reafirma su oposición frontal a una ley que, según ella, no busca la convivencia, sino asegurar la continuidad de Sánchez en La Moncloa.