Sánchez llenará los bolsillos de los ciudadanos sin el Congreso ni las CCAA

Sánchez se va a gastar un dineral en políticas que afecten al bolsillo del ciudadano y que este pueda atribuir directamente al Ejecutivo nacional: subida del 11% a los funcionarios en el periodo 2026-2028 o ayudas directas a los compradores de coches eléctricos, todo sin pasar por las autonomías ni el Congreso de los Diputados.

La preocupación de Sanchez, más allá del fantasma judicial que le atenaza, es contrarrestar el mantra de la derecha, VOX y Junts de que la Legislatura está acabada y el Gobierno ya no gobierna, que todo está paralizado en España.

Por ello, aprovechando la campaña electoral de las autonómicas extremeñas, el presidente español va a anunciar un catálogo de medidas “populares” que ejemplifiquen una especie de actividad compulsiva destinada a contrarrestar el discurso de que solo se mantiene al frente del Gobierno para aferrarse a la “poltrona”.

En el seno del Consejo de Ministros se escuchan cada vez más cerca las “trompetas del juicio final”; es decir, se da por cierto el cambio de ministros inmediatamente después de confirmarse la derrota del candidato del PSOE en Extremadura, el próximo 21 de diciembre

El objetivo que persigue Sánchez haciendo una crisis de Gobierno sería triple: primero, reconocer la derrota de Miguel Ángel Gallardo, aplicando la consabida frase de “tomamos nota”; al tiempo que lanza un mensaje potente de “la Legislatura va para largo”; y, por último, cumple la exigencia de las federaciones de que “libere” a los ministros que son, a la vez, candidatos en sus respectivos territorios autonómicos.

Tras lo anunciado por los jueces, parece claro que una parte de los problemas judiciales que acosan a Sánchez se aplazan unos meses, concretamente a mayo o junio, que es cuando está señalado el juicio a su hermano, y también la vista del primer juicio para Aldama, Ábalos, Koldo y Cerdán por la corrupción de las mascarillas.

En cuanto a Begoña Gómez, la recta final de su calvario judicial también se estira hasta primavera de 2026, o más adelante; por lo que –salvo sorpresas- Sánchez vivirá una tregua, al menos hasta mediados de 2026.

Lo que sucede es que, hasta ahora, Sánchez no estaba en el punto de mira de ningún juez. Hasta ahora..., porque el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acaba de requerir al PSOE para que entregue el registro de pagos en efectivo entre los años 2017 y 2024 -junto a toda la documentación que los respalde-, en el plazo de 10 días, que se cumple a mediados de esta semana.

Según fuentes de toda solvencia, en las operaciones de dinero “en metálico” aparece como beneficiario el propio secretario general socialista, por lo que no es descartable que el juez Ismael Moreno llame a declarar al presidente del Gobierno y anuncie al mismo tiempo la imputación del exgerente del PSOE, Mariano Moreno.

Sin abandonar el espacio judicial, hay que subrayar una serie de iniciativas, respaldadas por Sánchez, en Europa y en España, de la mano de asociaciones progresistas de jueces y fiscales, que ven posible revisar la sentencia contra el FGE, Álvaro Garcia Ortiz, al que Sánchez ha prometido lealtad “hasta el último minuto”.

El escenario de enfrentamientos entre el Supremo –particularmente la Sala Segunda- y el presidente Sánchez va a tener un momento culminante cuando el Tribunal Constitucional abra la puerta a la vuelta de Puigdemont a España, la prueba de fuego para una probable recomposición de la “mayoría de progreso” en el Congreso de los Diputados que permitiría a Sánchez gobernar cómodamente hasta 2027.