Defensa del acusado de matar al niño de Garrucha pide la anulación del registro de la vivienda

La defensa de Juan David R.C., el individuo investigado por el supuesto homicidio del menor de cuatro años en Garrucha (Almería) ocurrido a comienzos de diciembre, ha solicitado la nulidad de la entrada y registro efectuada en el domicilio del detenido, al considerar que se llevó a cabo "a sus espaldas", puesto que no estuvo presente "ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho".

El letrado que representa al investigado, Manuel Martínez Amate, ha instado al magistrado instructor a que se excluyan del procedimiento las 17 pruebas, objetos e indicios obtenidos en las zonas comunes y, especialmente, en el dormitorio compartido de la vivienda.

La entrada en el inmueble se produjo alrededor de las 17:15 horas del 4 de diciembre, contando únicamente con la asistencia de la madre del niño, la también investigada Barbar B.O., y su abogada. Por este motivo, el despacho MCHM Abogados reclama igualmente la supresión de las menciones contenidas en los informes periciales relativas a dicho registro, al estimar que se obtuvieron "con vulneración de derechos fundamentales".

El abogado argumenta en su escrito, al que ha accedido Europa Press, que la entrada domiciliaria debe realizarse en presencia del afectado o de quien lo represente legítimamente, algo que, según mantiene, no ocurrió en este supuesto, a pesar de que el investigado ya estaba detenido por la Guardia Civil en el momento de los hechos.

Aunque reconoce que la madre del menor se hallaba en la vivienda junto a su letrada durante la inspección, subraya que existe una "evidente colisión de intereses y estrategias de defensa entre los co-investigados".

"Pese a su situación de privación de libertad, no fue trasladado ni requerido para estar presente en el registro de su propio domicilio, ni se le ofreció la posibilidad de renunciar a dicho derecho", señala el letrado, antes de indicar que la estrategia defensiva de la madre del niño resulta "incompatible" con la de su pareja, lo que provocaría en su representado una "indefensión material absoluta".

Para el abogado, la nulidad del registro cobra mayor relevancia tras el auto de inhibición dictado por el instructor en favor del juzgado especializado en violencia sobre la mujer para asumir parte de la instrucción, lo que constituye una "prueba irrefutable" de la "incompatibilidad" entre las líneas de defensa del investigado y de la madre del menor.

"Existe un conflicto de intereses insalvable", insiste, al destacar que sería "jurídicamente insostenible" que una presunta "víctima" de violencia de género pudiera "garantizar los derechos constitucionales del presunto agresor" ante una "contraposición de intereses manifiesta".

Traslado a Albolote

El investigado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos ante un presunto delito de asesinato, ha sido trasladado hace poco del centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, a la prisión de Albolote, en Granada, tras una petición de medidas de protección por temor a su seguridad física.

La defensa del presunto autor de la muerte de Lucas presentó el 22 de diciembre un escrito en el que afirmaba que, durante su estancia en el módulo 11, el recluso había sido "objeto de amenazas de muerte directas" e incluso víctima de un "intento de agresión multitudinaria" que "no llegó a consumarse" gracias a la intervención de otro interno.

Aunque fue cambiado de módulo, la defensa consideró que dicha medida resultó "insuficiente" e "ineficaz", ya que seguía expuesto a otros presos que conocían su identidad y "los hechos que se le imputan", entre los que figura también una presunta agresión sexual al menor.

Por ello, Instituciones Penitenciarias acordó su traslado a otro centro cercano, siendo finalmente destinado a Granada.