El Gobierno y la Iglesia pactan un sistema conjunto para reparar a las víctimas de abusos

El Gobierno y los obispos han alcanzado un acuerdo para articular un mecanismo de reparación destinado a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico cuyos casos no pueden ser abordados por la vía judicial. El pacto fija un marco de colaboración entre el Estado y las instituciones religiosas con la intervención del Defensor del Pueblo como órgano de supervisión y mediación.

Un procedimiento fuera de los tribunales

El sistema acordado está dirigido a las víctimas cuyos casos hayan prescrito, no puedan ser juzgados por la muerte del agresor o carezcan de pruebas suficientes para iniciar un proceso penal. Para estos supuestos, se habilita una vía extrajudicial que permitirá el reconocimiento del daño sufrido y, en su caso, la reparación económica correspondiente.

Según los términos del acuerdo, las víctimas podrán dirigirse al Defensor del Pueblo, que analizará cada caso y emitirá una valoración inicial. Esta evaluación será trasladada posteriormente al plan de reparación puesto en marcha por la Iglesia, con el objetivo de que ambas partes trabajen con criterios comunes y coordinados.

El pacto no sustituye ni interfiere en los procedimientos judiciales en curso ni en las investigaciones penales abiertas. Las autoridades han subrayado que esta vía alternativa se limita exclusivamente a los casos que no tienen recorrido en los tribunales y que la justicia ordinaria seguirá siendo la referencia principal cuando sea legalmente posible

Marco temporal y criterios comunes

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, y prevé la creación de una comisión de seguimiento en la que estarán representados el Estado, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. Este órgano se encargará de resolver posibles discrepancias en la valoración de los casos y de garantizar la aplicación homogénea de los criterios establecidos.

Uno de los puntos destacados del pacto es el tratamiento fiscal de las posibles indemnizaciones. El Gobierno se ha comprometido a evitar que las compensaciones económicas que reciban las víctimas estén sujetas a tributación, con el fin de impedir que la reparación tenga un impacto negativo en los beneficiarios.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que el acuerdo responde a las recomendaciones incluidas en el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, en el que se instaba a establecer mecanismos de reconocimiento y reparación para las víctimas que habían quedado fuera del sistema judicial.

Por su parte, la Iglesia ha reafirmado su disposición a colaborar con las instituciones del Estado y a reforzar los instrumentos ya existentes para atender a las víctimas. Con este acuerdo, ambas partes buscan dar una respuesta coordinada a una problemática que ha generado un amplio debate social e institucional en los últimos años.

El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesus Díaz Sariego, presidente de la CONFER.