Ayuso y Madrid lideran la rebelión contra el "mayor fraude territorial del sanchismo" y el negocio político de Sánchez con Cataluña

Este semana ha estado marcado por otro de esos movimientos característicos de un Pedro Sánchez que ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: pagar su permanencia en La Moncloa con recursos que no son suyos. Esta vez, el precio lo asumen las Comunidades autónomas, castigadas en detrimento de Cataluña. El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno y pactado con los independentistas catalanes no nace del consenso ni de la búsqueda de la equidad, sino de la necesidad política de contentar a ERC.

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se erige como el principal bastión y voz frente a un sistema que rompe abiertamente la igualdad entre españoles. A ella se suman el resto de regiones: Castilla y León, Andalucía, Aragón, Baleares...así una por una, todas las "populares", pero también feudos socialistas como Asturias, más comedidos los de Barbón que un García-Page que este viernes ha llegado a pedir elecciones a Sánchez desde Castilla-La Mancha.

Desde el Ejecutivo de Ayuso anuncian que estudian todos los recursos legales para impedir una reforma que consideran perjudicial para los madrileños y diseñada exclusivamente para beneficiar a quienes sostienen parlamentariamente a Pedro Sánchez. Algo que también han expresado de manera abierta desde el Ejecutivo de Mañueco.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha desmontado el relato del Gobierno y ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de “mentir” y “difamar” contra Madrid con el argumento del supuesto dumping fiscal. Un discurso que sirve, según el Gobierno regional, para justificar un modelo en el que los madrileños acabarán financiando “la fiesta independentista”. Un concepto que se puede ampliar a castellanoleoneses, andaluces, extremeños, etc.

Mientras Montero habla de un reparto “más justo y equilibrado”, la realidad es que el sistema no ha sido negociado con las comunidades y se ha presentado primero a ERC que al conjunto de los territorios. No es casualidad que Oriol Junqueras conociera ya al detalle los casi 4.700 millones que recibirá Cataluña, mientras el resto asistía a una presentación opaca, resumida en un power point que ni siquiera se explicó en rueda de prensa.

Según el Ministerio de Hacienda, Madrid incrementará sus recursos en 2.555 millones de euros en 2027. Sin embargo, la Comunidad desmiente esa cifra y denuncia que buena parte de ese dinero procede de recursos ya existentes o de impuestos que el propio Gobierno calificó como temporales. Situación que se repite para el resto. En paralelo, Madrid seguirá aportando más del 149% al sistema y quedará en peor posición relativa, con menos recursos por habitante que Cataluña para financiar servicios públicos esenciales.

El problema no es solo económico. Es político y profundamente institucional. El nuevo modelo se ha construido al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera y al margen del principio de igualdad. Primero el pacto con Junqueras —ni siquiera presidente de la Generalitat—, después la propaganda y, finalmente, la convocatoria de un órgano multilateral reducido a mero trámite.

Desde Madrid lo tienen claro: no se puede permitir que un ciudadano tenga menos recursos para sanidad, educación o servicios sociales por no ser independentista. Por eso rechazan el principio de ordinalidad y cualquier sistema que consagre españoles de primera y de segunda.

Presión desde todos los puntos de España: Mañueco, Azcón...

El malestar como comentamos no es exclusivo de Madrid. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado el nuevo modelo como “el mayor ataque” del Gobierno de Sánchez a su comunidad, denunciando que, pese a su peso territorial, apenas recibirá un 1% de los nuevos fondos.

En Aragón, Jorge Azcón ha ido aún más lejos al advertir de que el PSOE ha abandonado cualquier discurso de igualdad para instalarse en la insolidaridad territorial. Cataluña se lleva “la parte gorda de la tarta”, mientras el resto paga la factura del chantaje político.

El Partido Popular vuelve a utilizar su mayor poder, el regional, para ejercer más presión aú nsi cabe contra un ya desgastado Gobierno de Sánchez, en el punto de mira ahora por el alto peligro de convertir la financiación autonómica en una herramienta de supervivencia política. Y es que en Génova 13 tiene claro que no es una reforma para mejorar España sino, una vez más, el precio de Sánchez por seguir durmiendo en La Moncloa.