Una semana del arresto de Maduro: cronología del fin de la narcodictadura que salpica a la política española

Hace siete días, la operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro marcó el inicio de una auténtica sacudida geopolítica y diplomática. Los acontecimientos no sólo han cambiado el rumbo de la larga crisis venezolana, sino que han provocado un terremoto político en España: desde declaraciones oficiales del Gobierno y las sospechas sobre el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta reacciones encontradas de partidos y figuras del espectro político nacional.

Esta cronología narrada día a día recoge los hitos más importantes —políticos, judiciales y diplomáticos— y cómo han resonado en Madrid, marcando una semana que difícilmente será olvidada.

3 de enero — Arresto de Nicolás Maduro

La semana comenzó con la operación Determination Absolute, una acción militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, acusados en un tribunal federal de Nueva York de  narcoterrorismo y delitos asociados al narcotráfico. La intervención, que incluyó bombardeos selectivos, fue justificada por Washington como un paso necesario para “asegurar una transición segura”. La acción fue calificada por el Gobierno de España y otros países como un “precedente peligroso”.

Desde Washington, el presidente norteamericano Donald Trump compareció pocas horas después de la operación para justificar la intervención como una acción “quirúrgica, limitada y necesaria” contra un “narcoestado que llevaba años desestabilizando la región”. Trump señaló directamente a Cuba como “protector político y logístico” del régimen chavista y advirtió a Colombia de que “no tolere movimientos irregulares en su frontera”.

Estas declaraciones provocaron una primera sacudida diplomática en Europa, donde varios países optaron por el silencio prudente, a la espera de una posición común.

4 de enero — Sánchez y la reacción oficial española

Ya el primer día hábil tras la intervención, el presidente Pedro Sánchez reaccionó desde París, donde asistía a una cumbre plantando el acto de la Pascua Militar por primera vez en democracia, para rechazar la operación militar bajo la premisa de que “España no reconocerá una intervención que viole el derecho internacional”. Sánchez insistió en la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas y abogó por una solución pacífica y dialogada, marcando la postura oficial de Moncloa.

Mientras Moncloa endurecía su discurso contra Washington, el Partido Popular marcó distancias con el Gobierno y pidió “prudencia, pero también honestidad política”. Fuentes del PP subrayaron que “nadie puede fingir sorpresa ante el final de una dictadura sostenida por el narcotráfico” y reclamaron al Ejecutivo español que “rompa ambigüedades con el chavismo”.

Trump volvió a intervenir públicamente para insistir en que la operación “no fue contra el pueblo venezolano, sino contra una organización criminal enquistada en el poder”, rechazando explícitamente la tesis del petróleo como motivación principal.

Ese mismo 4 de enero de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera el cargo de presidenta interina del país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., con el objetivo de mantener la continuidad del Estado ante la ausencia forzosa del mandatario.

5 de enero — Reacciones de la extrema izquierda española

Durante el fin de semana, representantes de la izquierda más radical y algunos partidos de ese espectro, como Compromís y Sumar, elevaron su crítica a la intervención estadounidense, llegando incluso a calificarla de “violación flagrante de la soberanía venezolana” y de “piratería imperialista”. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, señaló que Trump “atacó” a Venezuela, acusación que suscitó una avalancha de críticas de sectores que recordaron el historial autoritario del régimen chavista.

Mientras la izquierda radical española elevaba el tono contra EEUU, Trump utilizó sus redes sociales para cargar contra los gobiernos europeos que hablaban de “invasión”, acusándolos de “haber mirado hacia otro lado durante años mientras Venezuela se convertía en un narcoestado”.

Mientras, Delcy Rodríguez, estrecha colaboradora de Maduro y vinculada a las élites del chavismo desde hace años, fue formalmente juramentada el 5 de enero ante la Asamblea Nacional por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo. Cabe recordar que la figura de Delcy Rodríguez ya estaba cuestionada en España desde enero de 2020, cuando la entonces vicepresidenta venezolana llegó al aeropuerto de Barajas pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen por sanciones de la UE.

El exministro José Luis Ábalos mantuvo un encuentro con Rodríguez en la sala de espera del aeropuerto, un hecho que desencadenó el conocido como Delcygate y que acabó siendo investigado como pieza separada en el llamado Caso Koldo. Investigaciones de la UCO de la Guardia Civil señalaron que no fue un simple encuentro imprevisto, sino concertado por empresarios e intermediarios vinculados con contratos y posibles negocios con Venezuela, con mensajes y comunicaciones que pusieron en cuestión el papel de Ábalos y siembran dudas sobre contactos diplomáticos de alto nivel y las relaciones entre el sanchismo y el chavismo.

En paralelo, desde Bruselas, la Unión Europea evidenció su división interna: algunos Estados miembros reclamaron una condena clara a la intervención militar, mientras otros apostaron por esperar acontecimientos y centrarse en una transición política supervisada internacionalmente. No hubo comunicado conjunto.

6 de enero — Polémica por Zapatero

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero entró en el foco político en España tras ser señalado por su vinculación de años con el régimen chavista. Testimonios de venezolanos exiliados acusaron al exmandatario de haber tenido un papel que, más que neutral, habría silenciado denuncias de represión bajo la narcodictadura de Maduro. Pocos días después, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas tras la querella de una plataforma por presunta colaboración con la estructura chavista, no solo como mediador, sino como parte de la red de apoyo al régimen.

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero cobró aún más relevancia cuando Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que “algunos mediadores europeos ayudaron a blanquear una dictadura durante años”, sin citar nombres, pero en una referencia interpretada en clave española.

Desde el PP, varios dirigentes recordaron el papel del expresidente socialista como “valedor internacional del chavismo” y reclamaron explicaciones públicas sobre su relación con el régimen ahora desmantelado.

7 de enero — Cuba bajo la lupa

La semana continuó con la decisión de un juez federal estadounidense que autorizó la atención médica en custodia a Maduro y su esposa ante posibles problemas de salud derivados de la operación militar. Esta medida no calmó las críticas, sino que reactivó el debate sobre la legalidad de la intervención, con el Gobierno español insistiendo en la necesidad de priorizar la seguridad de civiles y el respeto al derecho internacional.

Ese día, Trump endureció su discurso regional al anunciar sanciones adicionales contra altos cargos cubanos y advertir de que EEUU “no permitirá que otros regímenes actúen como refugio de estructuras criminales latinoamericanas”.

La UE volvió a mostrarse cauta, limitándose a pedir respeto a los derechos humanos y garantías procesales, mientras España insistía en la ilegalidad de la operación sin condenar explícitamente los crímenes del régimen chavista.

8 de enero — Impacto económico y diplomático

La inestabilidad en Venezuela comienza a golpear directamente a intereses globales y españoles. Varias empresas con intereses en la región reafirmaron su compromiso, mientras la diplomacia internacional subrayaba que la situación exige una nueva estrategia de relaciones exteriores de España ante un país en reconstrucción.

La Casa Blanca confirmó contactos con gobiernos latinoamericanos y europeos para coordinar una transición política en Venezuela, algo que contrastó con la falta de liderazgo comunitario de la UE, incapaz de articular una propuesta propia.

El PP volvió a criticar al Ejecutivo de Sánchez por “llegar tarde y mal a un escenario que llevaba años gestándose” y por priorizar la crítica a Trump frente a la defensa clara de la democracia venezolana.

Otra figura clave durante estos días ha sido Diosdado Cabello, histórico número dos del chavismo, considerado por Estados Unidos uno de los principales dirigentes implicados en narcotráfico y corrupción. El Departamento de Estado norteamericano ofrece actualmente una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena, una cifra que lo sitúa en el mismo rango de búsqueda que algunos de los criminales internacionales más buscados.

Cabello, que controlaba amplias franjas de las fuerzas de seguridad venezolanas, ha hecho declaraciones beligerantes contra la intervención estadounidense y ha advertido de consecuencias para quien ataque la soberanía venezolana.

9 de enero — Regreso y liberaciones

El 9 de enero fue clave también para España: cinco ciudadanos españoles —incluido un destacado activista venezolano-español— llegaron a Madrid tras ser liberados en Venezuela como parte de acciones posteriores a la intervención estadounidense. Porque en Venezuela había presos políticos españoles, algo desconocido hasta el momento. El ministro de Exteriores celebró su regreso como un “paso positivo”, aunque grupos de derechos humanos pusieron en duda la existencia de liberaciones masivas en el país caribeño.

Trump cerró la semana con un mensaje rotundo: “Venezuela tiene ahora una oportunidad histórica. Estados Unidos no se irá hasta que el narcoestado no pueda volver”. Una frase que volvió a incomodar a varias capitales europeas, pero que fue celebrada por sectores de la oposición venezolana.

En España, el contraste entre la contundencia estadounidense y la ambigüedad del Gobierno siguió alimentando el debate político, con el PP acusando a Sánchez de “haber quedado atrapado en su propio relato ideológico” justo cuando la realidad ha dado un giro histórico.

En sólo siete días, los acontecimientos han transformado la percepción pública sobre Venezuela y su futuro, han puesto bajo lupa la política exterior española y han generado un debate que va más allá de los prejuicios ideológicos: se trata de cómo España afronta el colapso de una dictadura, sus vínculos históricos con ella y su respuesta ante un nuevo orden latinoamericano que está empezando a escribirse.