El agujero de las renovables: La Justicia belga retiene a España 482 millones por los laudos verdes

La batalla judicial por los recortes retroactivos a las energías renovables vuelve a golpear a las finanzas públicas españolas. La justicia de Bélgica ha decretado el bloqueo de 482,4 millones de euros pertenecientes a España, en el marco de los procedimientos de ejecución de laudos arbitrales favorables a inversores internacionales afectados por los cambios regulatorios aplicados durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Según fuentes jurídicas, la decisión se encuadra en el caso promovido por el fondo OperaFund, que logró en 2019 un laudo favorable dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial al que España está adherida. El fallo se basó en el Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando se aprobaron los recortes que dieron origen a las reclamaciones.

Ante la negativa del Gobierno español a abonar la indemnización, OperaFund activó distintas vías judiciales en varios países para garantizar el cobro. En este procedimiento concreto, el importe reclamado asciende a 29,3 millones de euros, a los que se suman 7,5 millones en intereses de demora.

La estrategia del fondo pasó por acudir a los tribunales belgas para solicitar la intervención de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea, realiza de forma periódica a Enaire, el proveedor estatal español de servicios de control aéreo. Dado que la sede y las cuentas operativas de Eurocontrol se encuentran bajo jurisdicción belga, la magistratura consideró legítimo el embargo como mecanismo de compensación frente al impago.

Como resultado, los 482,4 millones de euros que debían transferirse a Enaire han quedado inmovilizados, a la espera de un eventual recurso y de una posible transferencia a los acreedores para resarcir las deudas reconocidas por los laudos arbitrales.

Un precedente reciente por más de 200 millones

Este no es el primer revés de este tipo para el Estado español. En julio de 2025, la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, obtuvo también una resolución favorable que se tradujo en un embargo superior a 207 millones de euros. En aquel caso, la indemnización pendiente era de 106,2 millones, a los que se añadían 9,4 millones en intereses de demora.

Las empresas demandantes han ido acumulando victorias judiciales en distintas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Bélgica. Desde los fondos insisten en su disposición a alcanzar “un acuerdo con el Gobierno que ponga fin a esta prolongada litigiosidad y permita recuperar un marco mínimo de seguridad jurídica para la inversión internacional”.

Una factura que roza los 2.300 millones

A cierre de diciembre de 2024, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes a las renovables se situaba en 1.754,7 millones de euros. A esta cifra se suman 297,6 millones en intereses de demora y otros 238,7 millones correspondientes a costas, honorarios legales y sobrecostes derivados de la estrategia de impago, lo que eleva la factura total hasta 2.292 millones de euros.

Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales estadounidenses reconocieron y registraron los laudos de siete procedimientos, Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed, validando una deuda exigible de 691,2 millones de euros y habilitando a los acreedores a activar embargos sobre activos del Estado español en ese país.

Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras los inversores han iniciado procesos de rastreo de bienes para identificar activos embargables dentro de la jurisdicción norteamericana.

La ofensiva judicial se extiende también a Australia, donde en 2025 el Tribunal Federal ordenó la ejecución de cuatro laudos RREEF, 9REN, Watkins y NextEra por un importe conjunto de 469 millones de euros, rechazando los argumentos de inmunidad soberana esgrimidos por España e imponiendo, además, las costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea.