Cumplimiento normativo
España arrastra 52 iniciativas europeas pendientes y 92 infracciones con riesgo de sanción
El retraso en la transposición de normas comunitarias vuelve a situar a España bajo la atención de Bruselas, con numerosos expedientes abiertos
Parlamento-Europeo
España mantiene pendientes de tramitación 52 iniciativas legislativas procedentes de las instituciones de la Unión Europea, de las cuales 23 corresponden a directivas que deben ser traspuestas o a reglamentos que exigen adaptación del ordenamiento jurídico nacional. A esta carga normativa se suma la apertura de 92 procedimientos de infracción que podrían derivar en sanciones económicas, en su mayoría por incumplimientos de plazo.
Los datos figuran en el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, presentado este martes en el Congreso de los Diputados por su directora, María de Andrés. El documento ofrece una radiografía del grado de alineación de la actividad legislativa española con las exigencias comunitarias y vuelve a evidenciar retrasos estructurales en la adaptación normativa.
Durante 2025, las Cortes Generales aprobaron un total de 29 leyes. De ellas, 13 estuvieron directamente vinculadas a obligaciones marcadas por las instituciones europeas, ya fuera para incorporar directivas, desarrollar reglamentos o ajustar la legislación española a criterios fijados desde Bruselas. Este dato refleja el peso creciente de la normativa comunitaria en la producción legislativa nacional.
Retrasos que abren la puerta a sanciones
Según el informe, el número de infracciones abiertas contra España por no trasponer correctamente la normativa europea asciende ya a 92. La mayoría de estos expedientes se deben a que se ha superado el plazo máximo fijado por la Unión Europea para adaptar las normas al derecho interno. Aunque no todos los procedimientos acaban en multa, sí suponen un riesgo económico y un desgaste institucional para el Estado.
Hasta el momento, solo dos infracciones han concluido con sanción económica. Una de ellas está relacionada con el incumplimiento de la normativa sobre tratamiento de aguas residuales, y la otra con la aplicación de las directivas relativas a la conciliación de la vida laboral y personal. Ambos casos han sido utilizados por Bruselas como ejemplo de las consecuencias del retraso prolongado en la transposición.
Desde la Oficina del Parlamento Europeo en España se subraya que el volumen de iniciativas pendientes y de infracciones abiertas obliga a reforzar la coordinación entre el Gobierno y las Cortes para acelerar la tramitación legislativa. El informe también apunta a la necesidad de anticipar los calendarios europeos para evitar cuellos de botella normativos que puedan derivar en sanciones.