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El Congreso va a por Vito Quiles y Ndongo: ya estudian expedientes disciplinarios contra los periodistas incómodos

El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso, del que forman parte diputados de todos los grupos salvo PP y Vox y creado expresamente para conseguir prohibir la entrada a ambos, ya ha elevado el caso a la Mesa de la Cámara, que deberá decidir si suspende o no sus acreditaciones.

El periodista Vito Quiles durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid.

El periodista Vito Quiles durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid.Fernando Sánchez / Europa Press

Luis Sordo
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El Congreso de los Diputados ha decidido cruzar una línea peligrosa. La Cámara Baja, convertida cada vez más en un espacio blindado frente a las preguntas incómodas, prepara ahora un castigo ejemplarizante contra dos periodistas que no se pliegan al guion oficial: Bertrand Ndongo (Periodista Digital) y Vito Quiles (EDATV).

El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), un órgano dominado por la mayoría progresista del Congreso y del que curiosamente no forman parte ni PP ni Vox, ha achacado infracciones graves a ambos comunicadores y ha elevado el asunto a la Mesa de la Cámara, que deberá decidir este jueves si les suspende su acreditación como periodistas parlamentarios.

La maniobra, impulsada a instancias de denuncias políticas y corporativas, podría desembocar en la retirada de sus credenciales durante meses, una sanción que en la práctica equivale a expulsarlos del Congreso por hacer precisamente aquello para lo que se acredita a un periodista: preguntar.

Ndongo, en el punto de mira tras incomodar a Sumar

El caso de Bertrand Ndongo nace de una denuncia directa del grupo parlamentario Sumar, tras un tenso intercambio durante una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, el pasado 25 de noviembre. El CCCP sostiene que el periodista incurrió en dos infracciones graves por interrumpir el acto y por no acatar las instrucciones del personal de la Cámara.

El informe llega a afirmar que la comparecencia fue “violentada” y “severamente distorsionada”, y acusa a Ndongo de ejercer una supuesta “violencia verbal” sobre la diputada y una periodista. Un lenguaje llamativamente duro para describir lo que, en esencia, fue una pregunta incómoda fuera del turno marcado, algo habitual en cualquier Parlamento que se precie de ser plural.

Para muchos profesionales, el mensaje es claro: quien incomoda a la izquierda parlamentaria se expone a un expediente disciplinario.

Quiles, perseguido por grabar y preguntar

Tras Ndongo, el Congreso ha puesto también en la diana a Vito Quiles, uno de los periodistas más insistentes con el presidente del Gobierno. A instancias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el CCCP le atribuye hasta cinco infracciones graves, un número que podría elevar su sanción a la categoría de muy grave.

Dos de ellas se refieren a un episodio del 11 de diciembre, cuando Quiles grabó con su móvil al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de un acto institucional. El consejo habla de “persecución” y de grabaciones “sin autorización”, pese a tratarse de un personaje público en un espacio institucional.

Las otras tres infracciones se remontan al 20 de noviembre, cuando Quiles grabó al presidente Pedro Sánchez pese a su negativa a responder preguntas. Para el Congreso, insistir se ha convertido en delito administrativo. Para muchos ciudadanos, en cambio, es simplemente periodismo.

Un reglamento como arma política

El Reglamento del Congreso contempla suspensiones de acreditación de entre 11 días y tres meses por infracciones graves, pero introduce un elemento especialmente inquietante: si estas se repiten, pueden pasar a considerarse muy graves, lo que permitiría retirar la credencial hasta tres años o incluso de forma definitiva.

Además, durante el tiempo de sanción, el medio afectado no puede enviar a otro periodista en sustitución, una medida que castiga no solo al profesional, sino también a la línea editorial del medio. Un sistema de sanción que recuerda más a un mecanismo de control informativo que a una garantía de orden parlamentario.

Este jueves, la Mesa del Congreso —con mayoría socialista y de sus socios— decidirá si sigue adelante con el procedimiento. De hacerlo, se abrirá un plazo de alegaciones que difícilmente disipará la sensación de que el Parlamento español ha optado por cerrar filas contra la prensa incómoda.

Porque cuando preguntar se convierte en infracción y molestar al poder en motivo de expulsión, el problema no es el periodista: es la institución.

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