La rescatada Air Europa se lucra del accidente: triplica el precio de los vuelos Andalucía-Madrid

El choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha cerrado todas las conexiones ferroviarias entre el sur y la capital. Lejos de solidarizarse las compañías aéreas, también Iberia, tratan de hacer su agosto

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva.Europa Press

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Una tragedia que conmociona al país ha derivado en un problema de primera magnitud para miles de viajeros y en un conflicto político y social que no deja de crecer. El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha dejado un balance que sigue elevándose: al menos 39 muertos y más de 150 heridos, incluidos varios niños y personas en estado crítico, según los últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior y los servicios de emergencia. Las labores de rescate continúan entre vagones retorcidos y escenas desgarradoras, mientras el Gobierno y las autoridades judiciales tratan de esclarecer cómo pudo ocurrir un accidente de tal magnitud en un tramo de vía recta recientemente renovado y con trenes modernos.

El impacto de la tragedia va mucho más allá de los balances de víctimas. Adif ha suspendido por completo la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando servicios entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante al menos varios días. Esta paralización ha dejado a miles de viajeros sin una opción racional de transporte entre las capitales andaluzas y la capital de España.

Y ahí emerge una denuncia que ha encendido las redes y también el debate político: según ha denunciado el eurodiputado Alvise Pérez, la rescatada aerolínea con dinero público por el Gobierno Air Europa han triplicado el precio de los billetes de avión entre Madrid y las principales capitales andaluzas desde que se conoció el accidente. La acusación es rotunda: lo que debería ser una solución de movilidad en una emergencia —una alternativa al tren— se ha convertido para muchos en un negocio de precios escandalosos e inaccesibles. También ha hecho lo propio Iberia.

La realidad del transporte alternativo es, para los usuarios, una pesadilla logística sin paliativos. No hay tren, y las conexiones de autobús son insuficientes y extremadamente lentas para cubrir los más de 500 kilómetros entre, por ejemplo, Málaga o Sevilla y Madrid. El servicio convencional está colapsado, con rutas saturadas y frecuencias que no responden a la demanda. Más grave aún: las VTC están pidiendo, tal y cómo ha podido comprobar ESdiario, hasta 700 euros por un trayecto de Málaga a Madrid, cifras que muchos consideran abusivas en un contexto de emergencia. 

Ante este vacío de opciones, los usuarios se están organizando en redes sociales para compartir coche e intentar paliar el caos de transporte. Grupos informales en plataformas como WhatsApp y Facebook se multiplican, poniendo en contacto a quienes ofrecen plazas en sus vehículos con quienes buscan llegar a sus destinos sin que les estalle el bolsillo. Es la respuesta espontánea de la sociedad ante una falla de sistema que muchos califican de “vergüenza” y “sacacuartos”. 

La polémica podría llegar al Parlamento Europeo, donde Alvise Pérez (SALF) podría pedir explicaciones públicas tanto a las aerolíneas como al Gobierno por permitir que compañías beneficiarias de rescates con dinero de todos los contribuyentes se aprovechen de una situación trágica para inflar precios sin control ni escrúpulo.

Los ciudadanos afectados hablan de un problema estructural que ha saltado a la vista en cuestión de horas: infraestructura ferroviaria paralizada, ausencia de alternativas reales y una respuesta de mercado que multiplica tarifas hasta niveles casi prohibitivos. No es solo la tragedia humana de Córdoba lo que hoy duele en España, es también la sensación de abandono y de desprotección de los viajeros frente a decisiones y mercados que parecen jugar en otra liga distinta a la de la ciudadanía.

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En pleno duelo nacional por una de las peores catástrofes ferroviarias de la última década, esa indignación está encontrando voz en la calle, en las redes y también en los portavoces políticos. Y plantea una pregunta que pocos se atrevían a formular hasta ahora: ¿de qué sirve una red de transporte público si en el momento más crítico falla y quienes deberían garantizar movilidad se aprovechan de la desgracia para lucrarse? Una pregunta cuya respuesta aún está por llegar.