Bruselas abrió un expediente a España tras el accidente de Angrois al detectar graves fallos en la seguridad del ferrocarril
Un análisis comunitario puso el foco en un organismo investigador sin medios propios, subordinado políticamente, concentrado en la capital y con escasa capacidad de reacción en emergencias, cuestionando su credibilidad técnica y operativa
Un agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz
La Comisión Europea llegó a plantear la apertura de un procedimiento de infracción contra España tras el accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela) al concluir que el sistema nacional de investigación y prevención no cumplía con la legislación comunitaria en materia de seguridad ferroviaria. Así lo reflejan distintos informes de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA), que ya entonces alertaban de deficiencias estructurales que hoy vuelven a situarse en el centro del debate tras el siniestro de Adamuz.
El foco europeo se dirigió directamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano dependiente del Ministerio de Transportes. Bruselas cuestionó su falta de independencia real, al estar integrada orgánicamente en el propio departamento que supervisa las infraestructuras y operadores cuya actuación debe analizar tras un accidente. Una situación que, a juicio comunitario, compromete la objetividad de sus conclusiones.
Infinidad de carencias y muchas advertencias
Otro de los puntos críticos señalados fue la ausencia de una estructura territorial. La centralización del organismo en Madrid limita su capacidad de respuesta inmediata en los lugares del siniestro, lo que puede derivar en la pérdida de pruebas clave por retrasos en la llegada de los investigadores, especialmente cuando existe presión para restablecer el servicio ferroviario cuanto antes.
La falta de recursos económicos propios también aparece de forma reiterada en los informes europeos. La CIAF carece de un presupuesto específico para equipos técnicos y expertos independientes, dependiendo casi en exclusiva de fondos asignados por el propio Ministerio. Una circunstancia que, según la ERA, debilita su autonomía funcional y su capacidad investigadora.
En 2024, las deficiencias seguían sin resolverse
Las advertencias de Bruselas no fueron puntuales. Tras Angrois, la Comisión consideró que los procesos de análisis de riesgos y prevención no se habían aplicado de forma adecuada, y que el accidente no había sido investigado con los estándares exigidos por la normativa europea. De hecho, se llegó a amenazar formalmente a España con un expediente sancionador si no se corregían estas carencias.
Años después, muchas de aquellas deficiencias siguen sin resolverse. Los informes de revisión por pares realizados en 2024 vuelven a incidir en los mismos problemas estructurales, lo que alimenta las dudas sobre la capacidad del sistema español para esclarecer accidentes ferroviarios con rapidez, rigor e independencia, y refuerza la sensación de que las advertencias europeas fueron ignoradas.