Pulso judicial
A Alvise se le acaba la fiesta en el Supremo tras la querella de dos eurodiputados
El alto tribunal investiga si el líder de Se Acabó la Fiesta promovió una campaña de hostigamiento en redes contra dos excompañeros que acabaron querellándose contra él

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez.
El Tribunal Supremo tomará declaración este lunes al eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Pérez, por un presunto delito de acoso a dos eurodiputados que concurrieron en su candidatura a las elecciones europeas y que posteriormente presentaron una querella contra él tras abandonar la formación.
Una causa y tres investigaciones más
La comparecencia ha sido acordada por el magistrado instructor Manuel Marchena, después de que el propio Alvise manifestara su voluntad de declarar de forma voluntaria. El juez le planteó esta posibilidad antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la eventual autorización para el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
El Tribunal Supremo decidió admitir a trámite la querella interpuesta el pasado mes de junio por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, quienes el lunes pasado ratificaron ante el instructor los hechos denunciados.
Además de esta causa, el líder de SALF tiene abiertas otras tres investigaciones en el Supremo. Una de ellas por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y una tercera relacionada con la supuesta financiación irregular de su partido, tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain.
España
El Supremo cita a Alvise como investigado por presunto delito de acoso y revelación de secretos
Patricia Rodríguez Corchado
Llamamientos a la presión
El Supremo detalla que los eurodiputados llegaron a cerrar algunas de sus redes sociales, limitar comentarios en otras, dejar de atender llamadas de números desconocidos y soportar la llegada de miles de correos electrónicos con insultos y amenazas. Según expusieron, esta situación afectó de manera significativa tanto a su labor parlamentaria como a su vida familiar.
La Sala de lo Penal considera que la conducta de Alvise podría encajar en presuntos delitos de acoso y revelación de secretos, teniendo en cuenta sus "explícitas llamadas" a que un grupo numeroso de seguidores mantuviera una actitud reiteradamente hostil contra los denunciantes. Estas llamadas se habrían producido tanto en el pódcast como a través del canal de Telegram que, indiciariamente, él mismo gestiona.
Para el alto tribunal, existen indicios de que Alvise facilitó y difundió aspectos personales e identificativos de los querellantes, sin cesar en su actitud incluso después de que algunos seguidores manifestaran su intención de alterar el normal desarrollo de la vida de los afectados.
El Supremo subraya que dichas actuaciones reflejarían una voluntad consciente de comprometer de forma relevante la vida cotidiana de las víctimas mediante la presión ejercida por terceros movilizados desde plataformas digitales.
Entre los mensajes citados figura uno pronunciado el pasado 20 de abril, en el que Alvise instaba a sus seguidores a "perseguirles y pedirles explicaciones" y a increparlos públicamente, calificándolos de "criminales" o "corruptos".