Citación judicial
El Supremo cita a Alvise como investigado por presunto delito de acoso y revelación de secretos
El alto tribunal abre la puerta a una investigación penal tras la querella presentada por dos eurodiputados de su propio entorno político
El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez.
El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 26 de enero la comparecencia voluntaria de Alvise Pérez como investigado en una causa por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. La citación se produce tras la admisión a trámite de una querella presentada por dos eurodiputados que denuncian una campaña de hostigamiento personal y mediático.
El Supremo entra en escena
La causa está siendo instruida por el magistrado Manuel Marchena, uno de los jueces más relevantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Al tratarse de un aforado por su condición de eurodiputado, la investigación corresponde directamente al alto tribunal.
Según el auto de citación, la declaración se realizará en calidad de investigado y tendrá carácter voluntario. El magistrado considera necesario escuchar la versión del denunciado antes de decidir los próximos pasos del procedimiento, que se encuentra en una fase inicial pero con una notable carga política y mediática.
Una querella con origen interno
Los denunciantes son dos eurodiputados que formaron parte del mismo proyecto político que Pérez y que, tras su ruptura, aseguran haber sido objeto de ataques reiterados. En su escrito sostienen que el dirigente habría difundido datos personales y promovido mensajes que habrían generado un clima de hostigamiento continuado a través de redes sociales y otros canales de comunicación.
Ambos afirman que estas actuaciones afectaron de forma directa a su vida personal y a su labor institucional, obligándoles incluso a modificar rutinas y extremar precauciones. La querella apunta a posibles responsabilidades penales si se acredita la existencia de una estrategia organizada de acoso.
Un caso con impacto político
La citación de Alvise Pérez marca un punto de inflexión en su trayectoria pública y vuelve a situar en el centro del debate el uso de las redes sociales por parte de cargos electos. El procedimiento podría sentar un precedente sobre los límites de la confrontación política en el entorno digital y su encaje en el derecho penal.