Sánchez cae en lo más bajo: intenta dar la vuelta al fracaso del ómnibus con uno de los ataques a Feijóo más rastreros

El presidente del Gobierno utiliza a los pensionistas como "munición política" a sabiendas que mezclar en un Real Decreto la subida de las pensiones con medidas que favorecen la okupación no iba a recibir el apoyo en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión en el Congreso de los Diputados.EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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El Congreso de los Diputados ha vivido este martes una escena cada vez más habitual en la legislatura, especialmente durante los últimos meses: un Gobierno en minoría intentando forzar votaciones imposibles que saben que no saldrán adelante pero que pueden utilizar como metralla política. Pedro Sánchez choca de nuevo con una mayoría parlamentaria que en su día poseía pero ha ido perdiendo con el paso de los acontecimientos. Y es que el Ejecutivo va cuesta abajo y sin frenos.

En esta ocasión la Cámara baja ha frenado un decreto ómnibus que si recuerdan ya fue polémico en su nacimiento al estar diseñado desde un principio más como un arma política que como herramienta legislativa. La estrategia del Gobierno, clara y meridiana: atar una medida social incuestionable como la subida de las pensiones a un paquete de disposiciones ideológicas y polémicas para forzar su aprobación en bloque o bien, tal y como ha ocurrido, intentar convertir el rechazo parlamentario en munición propagandística contra la oposición.

La suma de PP, Vox, Junts y UPN ha tumbado el real decreto-ley del llamado “escudo social”, que incluía la revalorización de las pensiones para 2026 junto a decenas de medidas más. Llama la atención que otro decreto distinto presentado de forma individual, el de las bonificaciones al transporte público, sí fue convalidado en la misma sesión.

El problema no son las pensiones, es el “todo o nada” y pasar por el aro de Sánchez

Tanto el PP como Junts habían advertido con antelación que no apoyarían un decreto que mezclara la subida de las pensiones con otras medidas ajenas y altamente polémicas. Entre ellas, la más mencionada es la, sobre el papel, "prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional". Estamos hablando de una figura que en la práctica también ampara a los llamados “inquiocupas”.

Lejos de tratarse de una cuestión técnica, la estrategia del Ejecutivo respondía como decimos a un cálculo político evidente: unir una medida socialmente incuestionable —la revalorización del 2,7% de las pensiones— con otras que por sí solas no reunirían apoyos suficientes. Un mecanismo de presión parlamentaria que convierte a los pensionistas en una especie de escudo político.

El resultado ha sido inmediato: el decreto ha decaído y el Gobierno deberá presentar un texto alternativo si quiere sacar adelante exclusivamente la subida de las pensiones. Exactamente lo que el PP viene reclamando desde el principio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados.EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El ejemplo del transporte desmonta el relato del Gobierno

Y lo ocurrido en el mismo pleno sirve como prueba empírica de ese planteamiento. El decreto de ayudas al transporte público sí ha sido aprobado al presentarse de forma independiente. La prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, junto con la creación del abono único nacional, salió adelante con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.

El PP optó por la abstención responsable, Junts votó a favor y únicamente Vox se posicionó en contra. Es decir, cuando el Gobierno separa medidas, evita el “cajón de sastre” legislativo y presenta textos concretos, el Parlamento responde. Cuando mezcla todo en un único paquete ideológico, la votación fracasa.

Sánchez utiliza a los pensionistas como "munición" política

Una vez tumbado el ómnibus, Sánchez no ha tardado en subir a las redes sociales un vídeo que, evidentemente, estaba más que previsto y que encaja perfectamente en la estrategia socialista: acusar al PP de "tomar como rehenes" a más de 10 millones de pensionistas. Todo ello vestido de un discurso populista, interpelando a jóvenes, abuelos y padres, y alertando de pérdidas económicas que, paradójicamente, solo se producirán si el propio Gobierno se niega a tramitar un decreto específico. Un movimiento político ciertamente rastrero acusando a los populares de ir abiertamente contra los pensionistas y, por lo tanto, contra las personas mayores con el signficado que eso implica.

Feijóo desmonta la trampa: "Pensiones sí. Okupaciones no"

La respuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco tardó en llegar, defendiendo su postura de manera directa y difícil de rebatir: "El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa". Y añadió la idea central del debate: "El Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas".

Feijóo ha recordado que el PP ya registró en noviembre una proposición de ley para subir las pensiones y ha emplazado al Ejecutivo a tramitar ese punto en exclusiva, tal y como ha reclamado la propia Cámara. El problema, por tanto, no es la subida de las pensiones, sino el intento del Gobierno de camuflar políticas fallidas bajo el paraguas del “escudo social”.

El mensaje es inequívoco. Si el Gobierno quiere proteger a los pensionistas, la solución es sencilla: presentar un decreto limpio, separado y técnicamente sólido. Si no lo hace, quedará claro que el objetivo nunca fue proteger a los mayores, sino blindar una agenda ideológica utilizando su dignidad como escudo político.

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Este episodio vuelve a evidenciar el modelo de gobierno de Pedro Sánchez: decretos ómnibus, negociación opaca y victimismo cuando el Congreso no avala sus textos. Sánchez parece empeñado en gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Mientras tanto, el PP ha fijado una posición clara: apoyo a las pensiones, rechazo al chantaje legislativo y oposición frontal a que se utilice a los mayores como coartada para imponer políticas de okupación y control intervencionista de la vivienda.