REGULARIZACIÓN MASIVA
El Gobierno regulariza a medio millón de inmigrantes y la Policía alerta de un colapso total en Extranjería
Jupol avisa de que las unidades ya saturadas no podrán asumir cientos de miles de expedientes adicionales y alerta de riesgos operativos y de seguridad
Varios inmigrantes a su salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 6 de agosto de 2024, en Ceuta (España).
La anunciada regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 inmigrantes en situación administrativa irregular ha encendido las alarmas en la Policía Nacional.
Desde el sindicato Jupol advierten de que la medida tendrá un impacto "directo e inmediato" sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, que ya operan al límite de su capacidad en gran parte del territorio nacional.
Los agentes alertan de que la tramitación masiva de autorizaciones de residencia, verificaciones de identidad y comprobaciones legales recaerá sobre unas brigadas que trabajan con plantillas ajustadas, agendas colapsadas y una elevada carga burocrática acumulada desde hace años
Unidades saturadas y miles de expedientes adicionales
Según Jupol, asumir de golpe cientos de miles de nuevos expedientes provocará retrasos generalizados, acumulación de trámites y una merma en funciones esenciales de la Policía Nacional, como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental.
El sindicato subraya que la presión no se limitará a Extranjería: aumentarán las comparecencias, las gestiones en calabozos y centros de estancia de inmigrantes, así como la sobrecarga de los sistemas de cita previa. Todo ello en un contexto en el que el fraude de identidad y la falsedad documental son fenómenos habituales que requieren análisis policial especializado.
Antecedentes penales y riesgos de verificación
Desde un punto de vista estrictamente policial, Jupol muestra una preocupación especial por el criterio utilizado para la regularización, basado casi exclusivamente en la inexistencia de antecedentes penales firmes. Los agentes recuerdan que una persona puede haber sido detenida recientemente por hechos graves y no figurar aún con antecedentes debido a los plazos judiciales.
"La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación". Esto obliga a extremar las comprobaciones, cruzar datos con bases nacionales e internacionales y realizar verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. Sin un refuerzo inmediato de medios humanos y tecnológicos, advierten, estas comprobaciones pueden verse seriamente limitadas.
Inseguridad jurídica y efecto llamada
El sindicato también alerta de la inseguridad jurídica que genera un proceso extraordinario de estas características, articulado por una vía normativa excepcional y sin paso por el Congreso, tras el acuerdo del Gobierno con Podemos.
Jupol señala que conceptos como qué antecedentes son "relevantes" pueden dar lugar a interpretaciones dispares, cambios constantes de instrucciones y un aumento de recursos y litigios, complicando aún más una gestión ya de por sí masiva y delicada.
Desde el sindicato policial advierten además de que la regularización lanza un mensaje claro al exterior: permanecer en España de forma irregular puede acabar derivando en la obtención de papeles. A su juicio, este mensaje genera un "potente efecto llamada" que incrementará la presión migratoria sobre las fronteras españolas en los próximos meses.
En paralelo, sostienen que decisiones de este tipo suponen un balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos, que utilizan las expectativas de futuras regularizaciones como argumento para captar víctimas y lucrarse con viajes extremadamente peligrosos.
Exigen refuerzos y cambios en la política migratoria
Jupol exige al Gobierno de España que rectifique, abra un proceso de diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acompañe cualquier regularización extraordinaria de un refuerzo real de efectivos, medios técnicos y apoyo administrativo.
Asimismo, reclaman un endurecimiento de la política de asilo y alertan de que la legislación actual actúa, en la práctica, como una regularización encubierta que agrava la saturación de las Brigadas de Extranjería. "La solidaridad y el respeto a los derechos humanos son compatibles con el cumplimiento de la ley y la lucha firme contra las redes criminales", concluyen, "pero adoptar medidas sin planificación puede agravar el problema en lugar de solucionarlo".