Sánchez se burla de los españoles con la regularización de 500.000 inmigrantes a espaldas del Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado, mediante un real decreto de urgencia, la regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Esta medida, anunciada con bombo y platillo como un gesto humanitario, no es más que una maniobra política para eludir el escrutinio del Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque Sánchez sabe perfectamente que, si la sometiera a votación, la perdería estrepitosamente. Sus socios habituales, como Junts, presionados por formaciones como Aliança Catalana, no le respaldarían en un tema tan controvertido. Y es que esta regularización no cuenta con el apoyo de la mayoría social española.

La realidad es cruda: la mayoría de los españoles no quiere esta regularización exprés. Las encuestas y el sentir general reflejan una creciente preocupación por la sobrecarga en servicios públicos como la sanidad, la educación y la vivienda, ya tensionados por años de políticas improvisadas. Pero a Sánchez eso le da igual. Su prioridad no es el consenso democrático ni el bienestar colectivo, sino mantener el poder a toda costa, incluso erosionando las instituciones. Al optar por el real decreto –un instrumento reservado para emergencias reales, no para caprichos ideológicos–, burla el papel del Parlamento, recordando prácticas autoritarias que degradan nuestra democracia.

Esta decisión se toma sin memoria económica ni debate parlamentario, actuando a ciegas sobre sus impactos. ¿Quién asumirá la integración de cientos de miles de personas sin recursos adicionales para comunidades autónomas y ayuntamientos? La medida ignora la cohesión social y radicaliza el debate migratorio, dando oxígeno a formaciones como Vox en un contexto electoral delicado. Además, aísla a España en la Unión Europea, donde incluso gobiernos progresistas endurecen sus políticas ante la inmigración irregular.

Es hora de que el Congreso reclame su rol central. Una política migratoria seria debe basarse en legalidad, humanidad y planificación responsable, no en atajos que ignoren la voluntad popular. Sánchez, con esta burla, demuestra que prefiere gobernar de espaldas al pueblo antes que enfrentar la realidad: los españoles exigen control, no puertas abiertas sin condiciones. Rectifique o asuma las consecuencias en las urnas.