Leire Díez solicita al juez Pedraz que levante el secreto de sumario en la trama de las mordidas

Vonocida como la 'fontanera' del PSOE, ha recurrido ante la Audiencia Nacional para que se levante el secreto de sumario en la causa por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, alegando indefensión y asfixia económica por el bloqueo de cuentas.

La fontanera del PSOE, Leire DíezCarlos Lujan

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La conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, ha presentado un recurso de reforma ante la Audiencia Nacional para exigir el levantamiento del secreto de sumario en la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz por su supuesta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de influir en la adjudicación de contratos públicos.

En el escrito, al que han tenido acceso diversos medios, la defensa de Díez argumenta que la prórroga del secreto acordada el pasado 9 de enero carece de motivación suficiente y vulnera su derecho de defensa, generando una situación de indefensión que podría derivar incluso en la nulidad de actuaciones.

La exmilitante socialista pone especial énfasis en las duras medidas cautelares impuestas, entre las que destaca el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como las de familiares y terceros, lo que, según denuncia, le genera una auténtica "asfixia económica" al impedirle hacer frente a gastos elementales como la compra de alimentos o el pago de suministros del hogar.

Díez recuerda que la cantidad que se le atribuye en la investigación asciende a apenas 21.500 euros, procedentes de la venta de un vehículo en 2021, y subraya su plena colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habiendo comparecido en todas las ocasiones en las que ha sido requerida.

Sin embargo, los investigadores sostienen que los tres principales implicados, Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, este último señalado como socio de Santos Cerdán. formaban un grupo autodenominado Hirurok ('nosotros tres' en euskera). Este presunto entramado habría intervenido entre 2021 y 2023 en diversos expedientes administrativos para obtener el máximo beneficio económico mediante el cobro de mordidas, que superarían en total los 750.000 euros y se habrían canalizado, supuestamente, a través de una empresa con facturación falsa.

Los tres fueron detenidos en diciembre de 2025 por delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, aunque quedaron en libertad provisional con obligaciones como comparecencias periódicas, entrega del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

La defensa de Díez insiste en que mantener el secreto de sumario resulta desproporcionado y contrario a derecho, especialmente cuando los hechos investigados se remontan a años atrás y no existiría, a su juicio, una necesidad actual que justifique tales restricciones.

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberá ahora resolver este recurso, en un procedimiento que sigue generando fuerte repercusión política y mediática por sus conexiones con el entorno del PSOE y con adjudicaciones en entidades públicas como la SEPI.