La población reclusa en España se dispara en 2025: 62.522 internos y alerta por colapso del sistema
La curva ascendente de presos, con un incremento del 5,39% en un año, pone en jaque las prisiones españolas. ACAIP-UGT denuncia que la falta de personal, el cierre de módulos durante años de descenso y la crisis sanitaria, con más del 72% de plazas de médicos vacantes, han convertido la excepción en norma: celdas con dos internos y una convivencia cada vez más tensa y conflictiva.
Una cárcel española.
Los datos de cierre del año 2025 confirman las advertencias que desde hace tiempo viene lanzando ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario. España terminó el ejercicio con 62.522 personas internas, lo que representa un aumento de 3.196 reclusos respecto a 2024, un incremento del 5,39% en el conjunto nacional. Este repunte no es coyuntural, sino el inicio de una fase de ascenso acelerado que, según el sindicato, amenaza con quebrar el sistema penitenciario.
En los 80 centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), la cifra al cierre de 2025 fue de 51.559 internos, frente a los 49.026 de un año antes, lo que supone un crecimiento de 2.533 personas (+5,17%). En las comunidades con competencias transferidas, Cataluña cerró el año con 9.186 presos en sus 13 centros (+6,73%), mientras que el País Vasco registró 1.777 internos en sus tres prisiones (+4,96%).El centro más afectado en términos absolutos ha sido el Penitenciario de Sevilla I, que sumó 292 presos en un solo año. En términos porcentuales, el mayor incremento se produjo en Monterroso (Lugo), con un espectacular aumento del 51%.
La tendencia actual contrasta con la evolución de la última década. En 2018, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión penitenciaria, los centros de la SGIP albergaban 58.883 internos. Durante los primeros años se mantuvo una tendencia descendente que tocó fondo en 2021, en pleno contexto pandémico, con 55.097 reclusos en los 80 centros de competencia estatal. Sin embargo, desde 2022 la curva se invirtió y, en apenas cuatro años, se ha producido un incremento acumulado de más de 7.000 personas privadas de libertad.
Desde ACAIP-UGT denuncian que los años de descenso (2010-2021) supusieron una oportunidad perdida para cumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria y consolidar el modelo de un interno por celda. En lugar de ello, ante la crónica falta de personal, la Administración optó por cerrar módulos de forma sistemática, reduciendo plazas disponibles. Ahora, con el cambio de tendencia, el sistema carece de “pulmón” para absorber la demanda, y la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan a dos presos, lo que dispara la tensión ambiental y dificulta cualquier labor de tratamiento y reinserción.
El sindicato alerta de que el problema no es solo cuantitativo. La población reclusa presenta hoy una diversidad étnica, racial, cultural y religiosa sin precedentes, lo que en un contexto de hacinamiento actúa como multiplicador de la conflictividad. La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil, y los incidentes y agresiones son consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio.
A esta tensión se suma una crisis sanitaria insostenible. En la SGIP, más del 72% de las plazas de médicos están vacantes, y la atención a la salud mental es especialmente urgente: más del 30% de los internos requiere medicación psiquiátrica. Sin supervisión médica adecuada ni atención primaria real, las prisiones se están convirtiendo en espacios donde se concentran patologías mentales sin tratamiento, lo que deriva en brotes de violencia que sufren a diario los profesionales penitenciarios.
Ante esta realidad, ACAIP-UGT exige una restructuración inmediata de las plantillas y la dotación de herramientas adecuadas para gestionar la nueva complejidad del sistema. “No podemos seguir enfrentando la compleja realidad social de 2026 con un modelo penitenciario diseñado hace más de tres décadas”, concluyen.
Los datos de 2025 confirman que el sistema penitenciario español ha entrado en una fase crítica. Sin medidas urgentes, la escalada de población reclusa y la falta de recursos humanos y sanitarios podrían llevar al colapso definitivo de un modelo que ya muestra claros signos de agotamiento.