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Bruselas acorrala a Óscar Puente: alertó del mal estado del AVE Madrid-Sevilla ya en 2023
La Comisión Europea además otorgó al Gobierno de Sánchez 111 millones para su renovación porque la línea del accidente de Adamuz estaba "obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado
La versión oficial empieza a resquebrajarse. Y lo hace desde Bruselas. La Comisión Europea ya había advertido en 2023 de que la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla estaba obsoleta, muy por detrás del resto de la red española, y había destinado más de 111 millones de euros para su modernización. Ahora, tras el accidente de Adamuz que dejó 46 muertos y cientos de heridos, esas advertencias vuelven como un bumerán político directo al despacho del ministro de Transportes, Óscar Puente.
La documentación existe y sigue publicada en la web de la Comisión Europea para revés de Óscar Puente. En diciembre de 2023, Bruselas reconocía expresamente que la infraestructura no cumplía ya con los estándares europeos de interoperabilidad ferroviaria ni con los requisitos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). El diagnóstico era claro: la línea más simbólica del AVE de España había quedado tecnológicamente desfasada y requería una modernización integral para garantizar su seguridad y fiabilidad. Como consecuencia directa de esa evaluación, el 25 de junio de 2024 la Comisión Europea aprobó una subvención de 111.646.340 euros con cargo a fondos FEDER para renovar la línea. El proyecto incluía actuaciones críticas: sustitución de raíles y traviesas, refuerzo de puentes y túneles, estabilización de terraplenes, mejora del drenaje, renovación de instalaciones, vías de servicio y sistemas de protección perimetral. Además, se añadían dos proyectos complementarios financiados con fondos Next Generation para mejorar el suministro energético y los sistemas de control, mando y señalización.
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Todo estaba sobre la mesa. Todo estaba advertido. Y todo estaba financiado. Sin embargo, tras el siniestro del 18 de enero de 2026, el propio Gobierno de España y el ministerio de Óscar Puente confirmó un dato demoledor: en el tramo donde se produjo el accidente de Adamuz no se sustituyeron las traviesas, pese a que esa era una de las actuaciones clave del plan europeo de modernización. Una revelación que ha encendido todas las alarmas en el Parlamento Europeo. A la luz de estos hechos, los eurodiputados del PP Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz, miembros de la Comisión de Transportes, han registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre la concesión, ejecución y control de los fondos europeos destinados a la línea de AVE Madrid–Sevilla.
La preocupación es doble. Por un lado, si la Comisión Europea evaluó correctamente el impacto que la obsolescencia reconocida de la infraestructura tenía sobre la seguridad de los pasajeros. Por otro, si va a investigar ahora la trazabilidad real de los fondos FEDER, después de que se haya conocido que algunas de las empresas implicadas en las obras estarían presuntamente relacionadas con una trama de corrupción que podría haber afectado al uso de ese dinero. “El uso de fondos europeos debe estar guiado por la máxima transparencia y orientado a proteger a los ciudadanos”, ha advertido el eurodiputado del PP, Zoido. “Si una infraestructura financiada por la Unión Europea no se ejecuta conforme a lo aprobado y termina en una tragedia, es imprescindible depurar responsabilidades”. Por eso, la presión ya no es solo política ni nacional. Es europea. Bruselas puso el dinero, advirtió del riesgo y exigió modernización. Si esa modernización no se ejecutó como estaba previsto, la pregunta es inevitable: ¿quién falló y por qué? Óscar Puente ya no puede escudarse en la sorpresa ni en la fatalidad. Los avisos estaban escritos. Los fondos, concedidos.