El 3 de marzo, día clave en Extremadura: Guardiola se juega la investidura y el bloqueo amenaza con elecciones

La Asamblea de Extremadura ha marcado en rojo el 3 de marzo como el último día posible para celebrar el pleno de investidura del próximo presidente de la Junta. Pese a la falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox, la Cámara autonómica ha dejado claro que no habrá prórrogas y que el calendario legal se cumplirá estrictamente.

El presidente del Parlamento extremeño, Manuel Naharro, iniciará este jueves la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, un paso obligatorio antes de proponer oficialmente a un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta. El Reglamento concede un plazo máximo de un mes desde la constitución de la Asamblea para intentar formar gobierno, un margen que se agotará el 3 de marzo.

Consultas parlamentarias

El proceso de contactos arrancará el jueves 5 de febrero con Unidas por Extremadura y continuará el viernes 6 con Vox. El lunes siguiente será el turno del PSOE y la ronda se cerrará el martes 10 de febrero con el Partido Popular. Ese mismo día expira el plazo legal para que exista una candidatura formal.

Para ser propuesto, el aspirante debe contar al menos con el respaldo de 17 diputados, una cuarta parte de la Cámara, lo que abre la puerta tanto a una candidatura del PP como del PSOE. No obstante, la práctica política suele favorecer al partido más votado o a aquel que acredite apoyos suficientes en las consultas.

Desde el Grupo Popular ya se ha anunciado que el 10 de febrero habrá candidata, mientras que desde Vox se critica la falta de avances y se responsabiliza al PP del estancamiento. El cruce de reproches entre ambas formaciones evidencia que las negociaciones siguen lejos de desbloquearse.

Pleno decisivo

Una vez presentada la candidatura, el Reglamento establece un plazo de 15 días para convocar el pleno de investidura. En una primera votación se exige mayoría absoluta; si no se alcanza, se celebra una segunda 48 horas después, en la que basta con mayoría simple. En ese escenario, una abstención de Vox permitiría la investidura, aunque el partido ya ha descartado esa posibilidad.

Si el intento fracasa, pueden celebrarse nuevas votaciones con el mismo u otro candidato. Sin embargo, si dos meses después del primer pleno no se ha elegido presidente, la consecuencia es automática: disolución de la Asamblea y convocatoria de nuevas elecciones.

Sin margen legal

La Cámara ha descartado cualquier interpretación que permita alargar los plazos. Aunque el Reglamento no contempla sanciones explícitas si las consultas se prolongan, desde la Mesa se insiste en que no se forzará el calendario ni se retrasará la propuesta de candidato alegando falta de condiciones políticas.

Este tipo de maniobras sí se han producido en otras etapas de la política española, como ocurrió tras las elecciones generales de 2016, cuando el bloqueo parlamentario retrasó durante meses la investidura. En Extremadura, sin embargo, todo apunta a que los tiempos se respetarán al máximo.