Caso mascarillas
De Soto del Real al Supremo: Ábalos y Koldo se sientan en el banquillo
El alto tribunal celebra la audiencia preliminar y obliga a Ábalos y Koldo a comparecer desde prisión tras rechazar la videoconferencia
El exministro José Luis Ábalos y Koldo García llegan al Supremo
El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En esta vista, el alto tribunal escuchará las alegaciones de los tres acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Se trata de un trámite contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 785 establece que la asistencia del acusado y de su abogado defensor es obligatoria. Por ello, Ábalos y Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, deberán acudir presencialmente al Supremo y serán trasladados desde el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), aunque en la vista intervengan principalmente sus abogados.
El Supremo ya había rechazado las solicitudes presentadas por ambos investigados para poder seguir la audiencia por videoconferencia desde la cárcel. En sus escritos, alegaban problemas médicos, pero el tribunal sostuvo que la norma procesal exige su presencia física en esta fase.
Penas de hasta 30 años
La audiencia preliminar sirve para que las partes expongan cuestiones previas antes del juicio oral, como la posible vulneración de derechos fundamentales, nulidades, causas de suspensión, competencia del tribunal o la validez de las pruebas propuestas. También permite aportar documentación adicional o proponer nuevas pruebas si no se tuvo conocimiento de ellas en el momento de presentar los escritos de acusación o defensa.
Una vez finalizada la vista, el tribunal deberá resolver qué pruebas admite y cuáles rechaza, fijando así el marco definitivo del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama, una pena inferior en este último caso por haber reconocido los delitos que se le atribuyen, lo que le permite beneficiarse de la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, elevan su petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama reclaman la misma pena que el Ministerio Público.
Según Anticorrupción, Ábalos y Koldo habrían incurrido presuntamente en delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. En el caso de Aldama, la Fiscalía limita la acusación a los tres primeros delitos y aplica la citada atenuante.
Con esta audiencia, el Supremo da un paso decisivo hacia la celebración del juicio, en una causa que se ha convertido en una de las investigaciones más sensibles sobre contratos públicos vinculados a la pandemia.