Guardias civiles denuncian "retroceso histórico" en los destinos y un ataque a la conciliación familiar
La Dirección General impone cambios unilaterales tras más de un año de negociaciones fallidas: elimina garantías en el País Vasco y Navarra, deja sin incentivos reales al Estrecho y obliga a mandos a un desarraigo forzoso que dificulta la vida familiar de los agentes.
Guardias civiles.
La Administración ha decidido aplicar la política del rodillo en materia de destinos y condiciones de los guardias civiles, imponiendo de forma unilateral una serie de novedades que, lejos de resolver los problemas estructurales del cuerpo, los agravan notablemente y generan un profundo malestar entre los agentes.
Uno de los puntos más controvertidos es la supresión progresiva del derecho preferente absoluto en el País Vasco y Navarra, con una fecha de caducidad definitiva fijada para el 30 de junio de 2030. Esta garantía histórica para quienes prestan servicio en esas zonas se diluye en una nueva figura de derecho preferente “modulable” que incluye a Cataluña e Illes Balears reconociendo su penosidad, pero mediante un sistema de antigüedad compensada que muchos califican de insuficiente y engañoso.
Especialmente llamativo es el olvido absoluto de la zona del Estrecho, un territorio que sufre a diario la presión del narcotráfico, la inmigración irregular y unas condiciones de vida que expulsan a los guardias civiles por los precios prohibitivos de la vivienda. Mientras se diseñan incentivos para el norte y el Mediterráneo, al sur se le ofrecen únicamente parches administrativos sin coste real para la Administración y sin abordar de forma integral la delincuencia desatada ni el riesgo de exclusión social. La demanda de declarar urgentemente Zona de Especial Singularidad (ZES) al Estrecho sigue sin respuesta.
Otro de los aspectos más criticados son los nuevos Tiempos Máximos de Permanencia, que modifican la Orden INT/26/2021 y fijan límites de entre 10 y 15 años para oficiales y suboficiales en determinados puestos. Esta medida, considerada una anomalía dentro de la Administración Pública española, obliga a un desarraigo forzoso que hace prácticamente imposible la conciliación familiar, afecta la continuidad escolar de los hijos y el empleo de los cónyuges, y supone un castigo directo a la estabilidad personal y profesional de los mandos.
Aunque se valora positivamente el reconocimiento de la penosidad en Baleares y Cataluña con dos puntos adicionales en los concursos de méritos, se considera un gesto meramente testimonial. Sin un incremento real y significativo del plus de territorialidad ni incentivos económicos de calado, estas compensaciones no pasan de ser un maquillaje que no oculta la gestión fallida en materia de recursos humanos.
La indignación crece entre los agentes ante una Administración que, tras más de un año de grupos de trabajo, opta por imponer medidas que ignoran las necesidades reales del cuerpo y viven de espaldas a la calle. Se anuncia ya que se tomarán todas las medidas necesarias para defender los derechos y la calidad de vida de los guardias civiles.